La Cámara de Diputados discutirá esta semana en el pleno una reforma para evitar las prácticas discriminatorias en la administración pública, que aún aplican funcionarios en razón de la orientación sexual e identidad de género de sus subordinados.

Se trata de un dictamen de la Comisión de Transparencia a una minuta del Senado, en el cual se señala que se requiere contrarrestar toda práctica discriminatoria contra las personas, como lo prohíben la Constitución y diversos tratados internacionales de los que el Estado mexicano forma parte.

Así, se modifica en la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos la definición de hombres y mujeres por el de personas, en la obligación de los funcionarios de observar buena conducta en su empleo, cargo o comisión, tratando con respeto, diligencia, igualdad y sin discriminación a los empleados a su cargo.

También se prevé la obligatoriedad de otorgar licencias de maternidad o paternidad, así como a observar un trato digno, de respeto y no discriminación.

La reforma tiene el propósito fundamental de hacer congruente y armónica la normatividad respecto de los derechos humanos y garantizar la no discriminación en el ámbito público en materia laboral a través de la relación entre los servidores públicos, indicó la comisión.