Durante 2015 el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa (TFJFA) recibió mil 558 expedientes en materia de responsabilidades de los servidores públicos, por presuntos actos de corrupción, desvío de recursos, abuso de autoridad o alguna otra irregularidad ante órganos administrativos, pero sólo 680 de esos casos fueron sancionados por parte de los magistrados del TFJFA, con penas por sólo 614 millones de pesos en total.

En contraste, en ese mismo año funcionarios públicos sancionados por la Secretaría de la Función Pública (SFP), y que ganaron los litigios a la autoridad, presentaron 2 mil 128 recursos de inconformidad ante el mismo TFJFA.

La mitad de esos recursos incluyeron demandas de reparación patrimonial del Estado, en las cuales los servidores públicos solicitan ser indemnizados por actos de negligencia o mala fe de parte de la institución federal, ante supuesto daño moral que sufrieron por haber sido sancionados y exhibidos públicamente.

De acuerdo con fuentes judiciales consultadas, la mayoría de las resoluciones administrativas que revisa el TFJFA queda sin validez por errores de forma y malas prácticas de quien acusa.

A decir de un magistrado de ese tribunal –consultado por este diario–, la mayoría de los casos en contra de servidores públicos terminan siendo ganados por el acusado, y el problema es que en gran parte se trata de errores por un expediente mal armado y sin pruebas.

Uno de los principales problemas que enfrentan los organismos que actualmente sancionan a los servidores públicos es que son juez y parte, es decir, que ellos mismos se dan a la tarea de investigar las irregularidades y luego emiten sanciones sin proporcionalidad o faltantes de argumentos sólidos, añadió una de las fuentes consultadas.

Hasta ahora la SFP, los órganos internos de control de las dependencias y la Auditoría Superior de la Federación son los que investigan y sancionan a los servidores públicos.

Sin embargo, con la aprobación del Sistema Nacional Anticorrupción será el TFJFA el que revisará y sancionará a los servidores públicos.

La Ley de Reparación Patrimonial del Estado permite que un funcionario que fue injustamente exhibido como responsable de alguna supuesta irregularidad administrativa, pero que demuestre en juicio que la autoridad se equivocó o no pudo demostrar la responsabilidad, puede ser indemnizado con dinero.

Un caso ejemplar es el de Dante Delgado Rannauro, líder del partido Movimiento Ciudadano y ex gobernador de Veracruz, quien será indemnizado con un millón 100 mil pesos por el daño moral que le ocasionó a su persona la SFP.

Luego de casi dos décadas de litigios, Delgado Rannauro se convirtió en el primer ex funcionario que gana una demanda contra la dependencia.

Todo porque la SFP mantuvo publicadas en su sitio de internet (entre 2015 y 2010) dos inhabilitaciones impuestas en su contra en la década de los 90, no obstante que logró echarlas abajo judicialmente y pidió quitarlas del portal.

Delgado Rannauro fue sancionado en 1996 y 2000 con inhabilitaciones para ejercer el servicio público por 10 y ocho años. Lo anterior, por no mencionar en sus declaraciones patrimoniales que era accionista de Multiempresas Alcor, una firma de la que derivaban otras 13, así como omitir la existencia de una cuenta bancaria.