l problema petrolero de México es que se agotó el modelo de financiamiento del Estado, sostenido en los ingresos derivados de Pemex. Dinero había, sirvió para muchas cosas, no necesariamente para acrecentar la eficiencia del ejercicio de gobierno durante un largo periodo del siglo pasado y los primeros años de este.

Provocó distorsiones, y muchas, en términos productivos, fiscales, financieros, del proceso de desarrollo, laborales y territoriales. La empresa se sometió a un manejo político asociado con las finanzas públicas y el uso patrimonial de los recursos naturales no renovables y sus rendimientos. No se ha librado de ese rasgo y ello agrava la crisis en que está.

La gran sensibilidad de todo el esquema petrolero como parte clave de las costumbres políticas, las políticas públicas y, en particular, el sector energético se hizo contundente con la caída de la producción y luego de los precios del petróleo. Esto ha puesto a Pemex en la bancarrota. En junio de 2014 el precio del barril de la mezcla mexicana estaba en 102 dólares, pero hoy se encuentra en 24.

Hace unos días se renovó, otra vez, la dirección de Pemex. De la mayor parte de ellas y por décadas hay poco que recordar en cuanto a su eficacia y trascendencia. Hacienda ha sido quien ha mandado. Este es un momento crucial. No hay mucho espacio para dónde moverse. De la restructuración que se haga ahora dependerá lo que quede de la empresa. Los mitos del oro negro se acabaron.

El gobierno anunció, al tiempo que cambiaba al director, que habrá un ajuste del gasto público, lo cual indica que la política de ingresos de la reforma hacendaria se quedó corta en poco tiempo. El arreglo fiscal respecto del petróleo es complejo, como es, igualmente, toda la estructura de gestión del sector energético del país.

Los ingresos petroleros del sector público se componen de los que recibe Pemex y los del gobierno federal (transferencias ordinarias al Fondo Mexicano del Petróleo e ISR petrolero). Para estimar esos ingresos hay cuatro factores: plataformas de producción y exportación de petróleo, precio de la mezcla mexicana y tipo de cambio.

Conforme a la Ley de Ingresos de la Federación, los ingresos petroleros del sector público en 2015 fueron de mil 230 billones de pesos, en 2016 bajaron a 880 mil millones, los ingresos de Pemex se redujeron de 453 mmdp a 398 mmdp y los del gobierno federal de 780 mmdp a 486 mmdp. Los ingresos petroleros del sector público sobre los ingresos totales pasaron de 29 a 21 por ciento, y los del gobierno federal de 19 a 12 por ciento.

Las cuentas son inciertas. Los ingresos propios de Pemex son difíciles de estimar actualmente. En el curso del año, las caídas pueden ser mayores a las estimadas. A ello hay que añadir el comportamiento de la producción y la exportación de crudo, así como el efecto adverso de la caída del gasto público sobre la capacidad operativa de Pemex.

La organización del sector energético es muy compleja. Las entidades involucradas en el sector energético son las secretarías de Energía y de Hacienda, el Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo, las comisiones Nacional de Hidrocarburos y Reguladora de Energía, el Consejo de Coordinación del Sector Energético y la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos.

No es claro lo que todo esto significa como parte de lo que debería ser una administración pública eficaz, de la relación operativa entre todas ellas y su carga burocrática. Puestos para repartir, hay. La rentabilidad social del sector es muy discutible, cuando menos. ¿Será necesaria toda esta maraña de organismos públicos y puestos administrativos?

En materia de petróleo, la Comisión Nacional de Hidrocarburos ocupa un lugar central, pues su objetivo estratégico es: I) Regular y supervisar el reconocimiento y la exploración superficial, así como la exploración y la extracción de hidrocarburos, incluyendo su recolección desde los puntos de producción y hasta su integración al sistema de transporte y almacenamiento; II) Licitar y suscribir los contratos para la exploración y extracción de hidrocarburos, y III) Administrar en materia técnica las asignaciones y contratos para la exploración y extracción de hidrocarburos. De ello podría entenderse de modo práctico que es el dueño del petróleo y de él dependen los ingresos de Pemex.

Un aspecto de la situación de Pemex tiene que ver con el hecho de si su gestión seguirá estando en el marco de las finanzas públicas o si operará como empresa productiva del Estado, figura que se le ha dado en la Constitución y parece estar en una nebulosa por la caída de la producción, la exportación y los precios.

Será necesario un replanteamiento a fondo, racional y con un horizonte de largo plazo de las finanzas públicas. Al mismo tiempo, habrá que aplicar una gestión eficiente de Pemex como empresa petrolera.

Las cosas han cambiado de tajo en la relación entre la renta fiscal de la que se apropiaba el gobierno derivada del petróleo y la necesidad de establecer una administración financiera de gran calidad en la empresa. Son dos aspectos diferentes y confundirlos llevará a más pérdidas. El saneamiento de Pemex pasa por lo segundo y la nueva administración deberá combinar su capacidad en materia de gestión de las finanzas públicas y de saneamiento financiero de una vez por todas.