a pobreza que no cede, la desigualdad que se agudiza, la inseguridad que prevalece en algunos rubros, la impunidad que resiste y la desconfianza creciente en las instituciones de los tres órdenes de gobierno, en el contexto de una democracia percibida como ineficaz, son los grandes pendientes de un proyecto nacional, hoy sujeto a revisión y reforma, que aspira a conjugar los valores de nacionalismo y modernidad, en un entorno global adverso para la mayoría de economías del mundo.

Sin pasar por alto importantes conquistas en materia de política económica, como una inflación de apenas 2 por ciento anual, la menor en 45 años, y la generación de más de un millón 600 mil empleos formales en la primera mitad del sexenio, además de aciertos visibles en la política de combate al crimen organizado, como la reaprehensión de Joaquín Guzmán, y de reducción sustantiva, casi un 30 por ciento, en el delito de secuestro, hay varias y graves asignaturas pendientes.

Las 13 reformas estructurales y las decenas de reformas a leyes secundarias, auspiciadas por el Pacto por México y la voluntad propositiva del gobierno y las principales fuerzas políticas, han sido un esfuerzo inédito para hacer frente precisamente a esos desafíos, esos pendientes: la ausencia de crecimiento real, la baja competitividad, el ínfimo rendimiento escolar y, ya con avances notables, la pérdida de espacios de soberanía territorial ante poderes de facto, saldos de una alternancia fallida, los 12 años de gobiernos de la derecha, pero estamos muy lejos de una contienda ganada a la parálisis y aún el retroceso en importantes indicadores económicos y sociales.

Sin duda la pobreza es el gran flagelo y el mayor reto, que sigue lastimando la dignidad nacional y convocando a revisar la pertinencia de políticas públicas en la materia. No podemos aceptar como país, la décima economía del mundo en la lista del Banco Mundial, que todavía casi la mitad de los mexicanos vivan por debajo del umbral del bienestar social, la franja de la pobreza, concretamente el 46.2 por ciento de la población total, según los propios criterios oficiales del organismo autónomo y calificado en la materia, la Coneval.

No podemos aceptar un México en donde, de acuerdo con el censo 2014 de ese organismo, de los 32 estados del país, 14 no lograron mejorar sus índices de pobreza en dos años, en tanto que tres más registraron un aumento de la población en situación de pobreza extrema, a pesar de que en 2015 se registró una ligera mejoría, pues el 10 por ciento más pobre del país aumentó en 2.1 por ciento su ingreso, mientras que las carencias promedio disminuyeron de 2.4 a 2.3.

Menos podemos aceptar que la pobreza, lejos de descender crezca entre comunidades indígenas, las dueñas originales del suelo nacional, pues más de siete de cada 10 indígenas mexicanos siguen siendo pobres, el 73.2 por ciento. El registro sexenal y anual revela que la pobreza no disminuye en este segmento social; al contrario, hay un incremento de 500 mil indígenas pobres entre 2012 y 2014, para sumar ahora 8.7 millones.

Por otra parte, la desigualdad mantiene estancado el índice de Desarrollo Humano (IDH) en México: de acuerdo con el Informe sobre Desarrollo Humano 2015 del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), el país mantuvo su índice de 0.756 del año pasado, en una escala del 0 al 1. México se ubica así en el lugar 74 en el ranking mundial.

En el factor de la desigualdad, en 2014 México cayó 12 posiciones, específicamente en desigualdad relacionada con género, en origen étnico, indígenas y no indígenas, y regional, entre la zona norte y la zona sur.

No hay manera más elocuente de ilustrar la desigualdad social que el hecho crudo de que 1 por ciento de los mexicanos posea el 22 por ciento del ingreso total. En un país de casi 120 millones de habitantes, cuatro personas concentran una riqueza equivalente a 8.4 por ciento del PIB, como explica el economista de la UNAM, con maestría en el Colegio de México y doctorado en la Universidad de Harvard, Gerardo Esquivel, en su libro Desigualdad extrema en México, Oxfam, 2015.

En materia de seguridad pública, si bien se han recuperado amplias franjas del territorio nacional del crimen organizado, como Michoacán, Baja California, Chihuahua y otras entidades, se mantienen y aún crecen ligeramente los homicidios dolosos: el Observatorio Nacional Ciudadano (ONC) reportó un aumento de 6.62 por ciento en los homicidios cometidos en el país, de enero a septiembre de este año.

No sólo hay persistencia del delito sino incredulidad para acudir a las instituciones, caldo de cultivo para la impunidad: de unos 33 millones de actos delictivos al año sólo se denuncian 1.7 millones y apenas 108 mil terminan en sentencias, según revela María Amparo Casar, en su libro México: anatomía de la corrupción, CIDE, 2015.

La reforma educativa tiene el reto de sacar a México del último lugar entre los países de la OCDE en rendimiento escolar en educación básica y media, específicamente en matemáticas, español y ciencias que se aplican a los alumnos de 15 años (pruebas PISA). Tiene el reto adicional de atemperar las asimetrías regionales, el estado de abandono en que se encuentran muchas de las escuelas del sur de la República, la deficiente infraestructura, aulas, equipo informático, instalaciones deportivas.

Finalmente el desgaste de las democracias en el hemisferio, con cambios bruscos de orientación en varios gobiernos nacionales de los últimos dos años, incluye también a México, sólo que aquí en elecciones estatales. El Latinobarómetro 2014, un estudio de opinión pública que aplica anualmente entrevistas representativas y segmentadas en 18 países de América Latina revela que sólo 2 de cada 10 habitantes del subcontinente, 19 por ciento, se sienten satisfechos con los resultados de la democracia, lo que sin duda explica los cambios abruptos en las tendencias ciudadanas.

En ese sentido, poco menos grave, el Foro Económico Mundial en su estudio comparativo del año pasado concluye que el indicador de confianza en los políticos mexicanos de todo el sector público, es decir de todos los partidos y tendencias ideológicas, es de apenas 2 puntos sobre 7, lo que ubica a nuestro país en el pueblo 124 mundial, un lugar nada favorable.

Estas cifras de políticas económica y social, seguridad pública, educación y gobernabilidad significan que el gobierno federal y las principales expresiones políticas del país han procesado reformas pertinentes, pero apenas comienzan a rendir fruto: el desafío aún es monumental y obligan a intensificar acciones y en algunos casos, como el del combate a la pobreza, convocan a reorientar políticas y revisar el rumbo de la nación en 2016 y en la segunda mitad del sexenio.

*Ex gobernador de Oaxaca