Washington.

La operación Rápido y furioso de trasiego ilegal de armas de Estados Unidos a México fue supervisada de manera irresponsable por la Oficina de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego (ATF) y la fiscalía en Phoenix, concluyó un reporte oficial.

El informe final de la oficina del inspector general (OIG) del Departamento de Justicia sostuvo que tanto la oficina local de la ATF como los fiscales federales “fracasaron en considerar adecuadamente los riesgos para la seguridad pública de Estados Unidos y México.

Encontramos que los cuarteles generales de la ATF y el liderazgo de la oficina de fiscales fallaron en ejercer una supervisión adecuada de la operación (...) a la luz de sus riesgos y de nuestra relación con México, sentenció el documento de 26 páginas y anexos.

La operación Rápido y furioso fue conducida de 2006 a 2011 por la ATF y permitió el trasiego ilegal supervisado de más de 2 mil armas de Estados Unidos a México, como parte de un operativo de Washington contra el cártel de Sinaloa.

El nuevo reporte de la OIG, solicitado para evaluar sus propias recomendaciones originales, atribuyó una parte de la responsabilidad del fracaso a los líderes de la ATF en Washington.

Concluimos que los directivos de la ATF debieron percatarse de que los agentes no estaban adoptando acciones apropiadas conforme la compra de armas por intermediarios ocurría a un ritmo alarmante y debieron haberle puesto fin a la operación, apuntó el informe.

Adicionalmente, determinamos que algunos altos funcionarios de ATF ignoraron advertencias del personal sobre la decisión de los agentes de no confiscar armas, a pesar de que tenían la autoridad legal para hacerlo, concluyó el inspector general.

Apenas el pasado 19 de enero la juez federal Amy Berman dictaminó que el presidente Barack Obama no puede invocar privilegio ejecutivo y debe entregar al Congreso documentos relativos a Rápido y furioso.

Aunque Obama ha hecho llegar más de 64 mil papeles al Congreso, había invocado tal prerrogativa para limitar la cantidad y alcance de los archivos que su gobierno estaba dispuesto a entregar al Legislativo en relación con la pesquisa de la Cámara de Representantes.

Antes, en agosto de 2015, la propia juez Berman ordenó al Departamento de Justicia la entrega de la lista de documentos privilegiados sobre la polémica operación.

La orden judicial obligó al procurador federal a que proporcionara los documentos que no son considerados protegidos por el privilegio ejecutivo, a fin de que puedan ser evaluados por el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes.

En 2013, la juez rechazó una petición del entonces procurador de Justicia, Eric Holder, para anular la demanda del Comité de Supervisión para la entrega de documentos relacionados con la operación.

Aunque un reporte separado del inspector general exoneró a Holder de cualquier responsabilidad, hizo críticas al ex subprocurador Gary Gindler, el procurador adjunto Lanny Breuer y el subprocurador adjunto Jason Weinstein.