a reciente detención y rápida liberación del ex gobernador de Coahuila Humberto Moreira en España plantean un cúmulo de reflexiones sobre un aspecto poco atendido de las derivas posibles del entramado de la globalización. La hipótesis que circula en la prensa es que se trató de una medida de presión sobre el gobierno de Enrique Peña Nieto para acelerar el proceso de extradición a Estados Unidos de Joaquín Guzmán Loera El Chapo. No es improbable.

La justicia española detuvo a Moreira bajo la acusación de lavado de dinero, el cual provenía, en parte, de una larga historia de corrupción y, en parte, de relaciones con el mundo del narcotráfico. La operación neurálgica que hace de las industrias del crimen organizado un sistema financiero y que, a su vez, asegura su reproducción y constante ampliación. Cuando El Chapo fue detenido a principios de enero, la encargada de la Procuraduría General de la República, Arely Gómez, advirtió que el proceso de extradición se prolongaría, dadas sus circunstancias legales, más de un año. Ya con Moreira en una cárcel española, la misma responsable de la PGR se apuró a garantizar que los trámites para enviar a Guzmán Loera a una prisión de Estados Unidos llevarían unos cuantos días. Y, en efecto, el ex capo del cártel de Sinaloa –o uno de sus capos– está a punto de ser entregado a las autoridades estadunidenses.

Lo asombroso en todo el affaire Moreira no fue tanto la detención, sino la rapidez con la que los tribunales de Madrid primero liberaron a quien hace cinco años estaba acusado de lavar dinero para las campañas del Partido Revolucionario Institucional –entre las cuales estaba la que llevó a Peña a la presidencia– y, semanas después, exoneraron del todo. El día de ayer el juez español de la Audiencia Nacional, Santiago Peraza, dio por cerrado el caso. Uno supone que una averiguación para fincar cargos por lavado de dinero requeriría meses o más tiempo de investigaciones.

Y la pregunta es inevitable: ¿qué circuitos de poder llevaron a la justica española a doblar sus propias reglas? ¿o acaso la propia detención fue tan sólo una medida para negociar la prontitud de la extradición de El Chapo? No hay ninguna información al respecto. Sólo es posible especular.

Sin embargo, resulta evidente que las agencias más interesadas en volver expedito el encarcelamiento de Guzmán Loera en Estados Unidos fueron las mismas que protegen –y con ello controlan– a esa extensa franja del Estado mexicano que, como Moreira, han convertido al complejo del crimen organizado, con su corrupción y violencia incluidas, en una afluente fábrica de negocios y una cuantiosa técnica de control y gobierno sobre la vida política del país.

El de Moreira, sabemos, no es un caso aislado ni menor. Cuando fue detenido en España, legisladores de Morena y el PAN señalaron de inmediato a una decena de gobernadores (en su mayoría priístas) que han hecho del crimen organizado parte de la gubernamentalidad que mantienen bajo control –y en la zozobra de la violencia– a regiones enteras del país.

Pero vayamos por partes. Quienes promovieron la detención de Moreira –para utilizarlo como carnada de negociación con el gobierno mexicano–, entre otras, las agencias estadunidenses que se encargan de gobernar el mercado y los usos políticos y financieros del narcotráfico, son los mismos que hoy lo protegen. El hecho es que El Chapo se encuentra en prisión y Moreira en la calle, planeando una nueva etapa de su vida política, según lo anunció recientemente. En rigor, Moreira no es más que otra pieza, no de un plan ni de una estrategia, sino de un auténtico sistema que encuentra en la inducción deliberada de la violencia y la ilegalidad una forma de mantener el statu quo actual.

Un sistema de doble control: el de las agencias globales sobre quienes gobiernan al país, y el de quienes gobiernan al país sobre la ciudadanía. Vivimos, como lo ha explicado Salvador Gallardo minuciosamente en La mudanza de los poderes, en sociedades de control. Sólo que esta versión, la versión mexicana, devino en una de sus variantes más atroces.

Toda técnica contemporánea de control se basa en una aporía: el control debe estar a su vez bajo control y aparecer, en la opinión, como un exergo –un residuo autoreferencial– del sistema que lo rige. Por un lado, no existe –al menos en Occidente– un centro de debate político –Congresos, partidos, agencias de derechos humanos, la prensa– que no haya denunciado el estado de la violencia en México. Y, paradójicamente, son las redes de poder que provienen de esos centros las que hoy aseguran la reproducción de un sistema político que tiene como puntales a quienes garantizan la existencia de las fábricas de la violencia misma.

El círculo vicioso parece, así, casi perfecto. Y, sin embargo, todo sistema de control contiene en potencia un bloom, un punto de fuga en que su aparente absurdo adquiere el estatuto de un simple espectáculo.

La detención de Humberto Moreira fijó, así fuera por una sola semana, uno de estos posibles puntos de fuga. Tal vez sea un camino para imaginar una salida a este nuevo laberinto mexicano en cuyo centro se encuentra un minotauro llamado Leviatán.