l gobierno de Héctor Astudillo Flores ha sido de anuncios, amenazas y golpes de ciego por lo que respecta a sus antecesores. Lanza acusaciones, afirma que hubo manejos indebidos y que procederá contra los infractores; se trenza entre dimes y diretes con funcionarios del régimen pasado en vez de concretarse a proceder conforme a la ley.

En el informe de sus primeros 100 días de gobierno, el priísta reportó que encontró una administración paralizada, arcas vacías, instituciones prácticamente inoperantes y recursos para seguridad sin ejercer, a lo cual el ex secretario general de Gobierno, David Cienfuegos Salgado, respondió concreto y contundente: Si tiene pruebas, que proceda.

Igual respuesta dio el anterior fiscal, Miguel Ángel Godínez Muñoz, cuando su sucesor, Xavier Olea Peláez, declaró haber encontrado una fiscalía colapsada: Si tiene pruebas de desvíos, que las presente en los tribunales.

El miércoles pasado, el secretario de Gobierno, Florencio Salazar Adame, declaró que las auditorías a la administración pasada están en curso y cuando se determinen responsabilidades se aplicará la ley. Antes, el auditor estatal, Mario Ramos del Carmen, dijo que había muchas auditorías en proceso.

Conclusión: a falta de resultados de las auditorías, la presente administración se dedica a especular sobre supuestos manejos irregulares. No está en condiciones de asegurar que los hubo. Tampoco puede cuantificar desvíos porque carece de cifras; en consecuencia, está impedida para proceder legalmente.

¿Y si los anteriores lograran comprobar el uso de recursos, solventando satisfactoriamente las observaciones que se les hagan como producto de las auditorías? ¿Qué harían los funcionarios actuales con el garrote que blanden a punto de dejarlo caer? ¿Se concretarían a bajar la mano y esconderlo, o además pedirían perdón?