Diversas organizaciones y redes de la sociedad civil solicitaron al presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González Pérez, que promueva una acción de inconstitucionalidad contra la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en materia de Hidrocarburos, debido a las restricciones y riesgos que implica dicha legislación para el goce y respeto de los derechos humanos.

En una carta entregada el pasado martes, las organizaciones expresaron a la CNDH su preocupación por el enfoque que tienen diversas disposiciones de la citada ley, que en aras de la seguridad nacional restringen derechos fundamentales.

Por ejemplo, explicaron que en un ambiente generalizado de criminalización de la protesta social, como actualmente se da en el país, se agravan las condiciones de vulnerabilidad de los actores sociales que de manera legítima y en ejercicio de sus derechos buscan información, se organizan y expresan su oposición de cara a proyectos que los afectan.

Ya en diciembre pasado, se había denunciado las limitaciones que esta misma ley imponía al derecho de acceso a la información en el sector energético.

En este sentido, señalaron que al igual que el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai), instancia que ya anunció que interpondrá una acción de inconstitucionalidad contra el artículo 23 de esta ley, por restricciones al acceso a la información, la CNDH puede hacer un análisis más amplio y hacer lo propio respecto de disposiciones de la norma que restringen o amenazan otros derechos humanos.

Entre los organizaciones firmantes de la solicitud a la CNDH están DECA- equipo Pueblo; FUNDAR, Centro de Análisis e Investigación; Greenpeace México; Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (Poder), y Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales AC (ProDESC), además de la Alianza Mexicana contra el Fracking, y la Red Todos los Derechos para Todos.