Los titulares de los programas institucionales de derechos humanos del Sistema Universitario Jesuita (SUJ) enviaron ayer una carta al Senado para solicitar que en este periodo de sesiones sea una prioridad la expedición de las leyes pendientes dirigidas a combatir y eliminar la tortura.

En el texto, académicos de las universidades Iberoamericana y Loyola del Pacífico; de los institutos Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (Iteso) e Intercultural Ayuuk, advirtieron que la iniciativa de ley general contra la tortura presentada por el presidente Enrique Peña Nieto en diciembre de 2015, es deficiente e inefectiva, por lo que es fundamental que el Senado mantenga abierto el proceso legislativo a la participación de la sociedad civil y la academia, y que las iniciativas eventualmente aprobadas cumplan con los estándares establecidos en los tratados y demás instrumentos internacionales en la materia.

A su vez, Miguel Barbosa, coordinador de los senadores del PRD, confió en que a más tardar en un mes el Senado apruebe la minuta de la ley de desaparición forzada.

Está sometiéndose a la opinión de organizaciones sociales, se atienden sus observaciones; no veo terminar el mes para que en el Senado se apruebe la correspondiente minuta y se envíe a la Cámara de Diputados, detalló en conferencia de prensa.

Los universitarios subrayan que la ley general contra la tortura debe incluir preceptos para la exclusión de la prueba ilícita, que la iniciativa de ley nacional de ejecución penal debe establecer mecanismos de protección judicial y las vías de acceso a ellos por la población penitenciaria sin discriminación en razón de la situación jurídica de las personas; así como los mecanismos de monitoreo y control civil necesarios para prevenir la tortura y los malos tratos dentro de las prisiones.

Cabe señalar que el 9 de marzo de 2015, el Relator Especial de Naciones Unidas sobre la Tortura, Juan E. Méndez, presentó ante el Consejo de Derechos Humanos el informe sobre México que constata la existencia de tortura y malos tratos generalizados en nuestro país. En ese mismo informe, señaló la existencia de serios problemas en las condiciones de detención, así como el contexto de impunidad en el que ocurren dichas prácticas.