Seis meses después de la emisión de la Alerta de Violencia de Género (AVG) para ocho municipios de Morelos, la situación de feminicidios se agravó. En el pasado semestre fueron asesinadas 37 mujeres en la entidad, con lo cual la cifra total asciende a 686 casos en 16 años.

Al presentar un balance de los seis meses con alerta de género, la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos (CIDHM) responsabilizó al gobierno estatal por el incumplimiento de los protocolos contenidos en dicha medida, pero también a la Secretaría de Gobernación por no dar seguimiento a la aplicación de ese instrumento.

En conferencia de prensa, realizada en la Ciudad de México, integrantes de la Comisión Independiente, abogadas y activistas de derechos humanos denunciaron que así como se presentaron los hechos, las autoridades de todos los niveles de gobierno asumieron una actitud de simulación, en la que decretan la alerta, pero en realidad no hacen nada para reducir y erradicar los feminicidios.

Paloma Estrada, de la CIDHM –organización peticionaria de la AVG– señaló que se llegó a una situación de extrema violencia en toda la entidad. De los 33 municipios que conforman el estado de Morelos, en sólo dos –Mazatepec y Zacualpan– no se tienen registros de feminicidios. Resaltó que los 37 homicidios de mujeres más recientes ocurrieron en 17 municipios diferentes, incluidos los ocho donde se decretó la alerta el pasado 10 de agosto. Tan sólo en enero se reportaron 10 casos, una de las cifras más altas de las que se tenga registros.

Explicó que la AVG es un conjunto de acciones gubernamentales para enfrentar y erradicar la violencia feminicida en un territorio, ya sea ejercida por individuos o por la comunidad.

Por su parte, Fernando Ríos Martínez, de la Red Todos los Derechos para Todos, aseguró que no se observa ningún cambio tras la emisión de la alerta, por lo que las autoridades federales y estatales se convirtieron en cómplices, ya sea por su incapacidad o por falta de voluntad política para enfrentar el problema.

Andrea Medina, abogada feminista, reconoció que debido a la presión de la sociedad y organismos de derechos humanos se avanzó en la normatividad para poder combatir los feminicidios, pero no hay una voluntad política real de las autoridades para aplicar las medidas y protocolos que prevé la AVG, incluso hasta por desconocimiento de lo que implica este tipo de delitos para la sociedad entera.