Xalapa, Ver.

La Fiscalía General del Estado (FGE), a cargo de Luis Ángel Bravo Contreras, vinculó a la periodista Anabel Flores Salazar con la delincuencia organizada desde el primer momento en que se conoció que había sido secuestrada la madrugada del lunes 10 de febrero en su vivienda de la población Mariano Escobedo, en el centro de Veracruz.

Ese día, en un comunicado, la FGE recordó que el 30 de agosto de 2014 la comunicadora se encontraba en compañía de Víctor Osorio Santacruz, El Pantera, en el municipio de Acultzingo, cuando el Ejército lo detuvo por sus probables nexos con un grupo de la delincuencia organizada.

Ahora que fue hallada sin vida en los límites de Veracruz y Puebla, en entrevista radiofónica Bravo Contreras reiteró: “Exploramos todas las líneas de investigación, el tema de su actividad como reportera y, desde luego, también el hecho de alguna relación afectiva o sentimental con una persona identificada en la investigación.

Es muy duro decirlo, pero se exploran todas la líneas, incluyendo alguna cuestión que tenga que ver con algo así (delincuencia organizada), agregó.

Sin embargo, la FGE no tiene detenidos por el homicidio de Anabel Flores. Estamos trabajando en generar bien a bien qué fue lo que pasó y dar resultados.

Jorge Morales Vázquez, de la Comisión Estatal de Atención a Periodistas, consideró que con tales declaraciones la FGE ha violentado el protocolo de investigación para la atención de delitos contra comunicadores, que recomienda que ante un hecho de esta naturaleza se debe dar como línea prioritaria el trabajo periodístico.

“Con lo que está señalando deja en segundo plano esta vertiente, pero, además, la están criminalizando. Ellos (los de la FGE) dicen que en agosto de 2014 tuvieron información de la reunión entre esta periodista y Víctor Osorio, entonces desde esa fecha la autoridad debió llevar una investigación formal.

¿Por qué hasta este momento sacan ese tema a relucir como un intento de desprestigiarla y de poner en duda su integridad?, por supuesto que hay una intencionalidad por parte de la fiscalía de manipular la situación de su desaparición.

Los restos de Anabel Flores Salazar, reportera de El Sol de Orizaba, fueron trasladados a las 12 horas del miércoles a la funeraria Soaicc, ubicado en la misma ciudad, donde es velada. Sus parientes anunciaron que el sepelio se realizará el jueves por la mañana.

Los dos periódicos para los que trabajaba se deslindaron de la relación laboral con la periodista. El Buen Tono informó que desde 2014 ya no laboraba con ellos y El Sol de Orizaba dice que era free lance (colaborador independiente).

Con Anabel suman 17 los periodistas muertos durante la administración de Javier Duarte de Ochoa.

Por otra parte, luego de condenar el brutal asesinato de Flores Salazar, Amnistía Internacional llamó al gobierno de México a tomar acciones decididas para brindar la protección fundamental que necesitan los periodistas y otros profesionales de los medios de comunicación que trabajan en condiciones increíblemente peligrosas.

Dejar sin protección a quienes trabajan para exponer la sombría realidad de los abusos que se cometen en México equivale a tratar de barrer esos abusos debajo de la alfombra, señaló el organismo de derechos humanos.

En un comunicado, Erika Guevara-Rosas, directora del Programa para América de AI, señaló que las autoridades mexicanas no deben perder tiempo para iniciar una investigación exhaustiva sobre este brutal asesinato. El mensaje debe ser muy claro: quienes están dispuestos a no detenerse ante nada para silenciar a los periodistas tendrán que pagar por sus crímenes, dijo.

En tanto, el grupo parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados anunció que insistirá en su solicitud para que la Secretaría de Gobernación asuma, mediante la Policía Federal, la seguridad en Veracruz, luego del asesinato de la reportera Anabel Flores Salazar.

El vice coordinador de la bancada, Virgilio Caballero, cuestionó que el estado de Veracruz está convertido en un infierno para los periodistas, porque 17 han sido asesinados durante el gobierno de Javier Duarte de Ochoa.

Muy probablemente participaron cuerpos de seguridad en el secuestro y asesinato de la reportera de El Sol de Orizaba, agregó.

Sostuvo que ninguno de los crímenes contra comunicadores en esa entidad ha sido resuelto y pone en entredicho al gobierno de Duarte, que está relacionado con los asesinatos, en la medida que no los ha investigado y porque se apresura a afirmar que las víctimas tenían algún trato con el crimen organizado.

(Con información de Roberto Garduño y Enrique Méndez)