Parlamentarios europeos pusieron en duda la versión de senadores y diputados del Partido Revolucionario Institucional (PRI), sobre avances importantes en materia de derechos humanos en México y expresaron preocupación por el caso de los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa y los ataques al grupo de expertos que coadyuva en las investigaciones sobre su desaparición.

Me extraña una cosa. Si realmente ha habido avances, cómo se explica la enorme, insoportable lentitud, en la resolución de casos espantosos, como el Iguala, preguntó Josep María Terricabras, eurodiputado español, durante los trabajos de la 20 reunión de la Comisión Parlamentaria Mixta México-Unión Europea, ayer inaugurada.

El también filósofo y catedrático español cuestionó así lo expresado ahí mismo por el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados, el priísta Víctor Manuel Giorgana Jiménez, quien hizo una amplia explicación de las reformas sobre derechos humanos en los pasados 15 años, e insistió en logros y en la consolidación de instituciones electorales, de transparencia y rendición de cuentas.

¿Dónde queda el respeto a garantías ante los abusos cotidianos?

El eurodiputado Terricabras preguntó si esos avances tan importantes no serían sólo en el ámbito teórico y legislativo, y no en la práctica. Expuso que por la mañana observó noticieros de televisión que aludían a 579 feminicidios en Jalisco de 2012 a 2015. “Y no hablo de Juárez y los feminicidios, sólo las noticias que escuché”.

Frente a eso, insistió, ¿cómo hay que entender los aparentes avances en el terreno de los derechos humanos y una realidad muy dura y muy negativa?

Igualmente, la también eurodiputada Giulia Moi cuestionó por qué el gobierno de Enrique Peña Nieto no permite que se investigue a integrantes del Ejército que podrían estar involucrados en la desaparición de 43 estudiantes de Ayotzinapa.

Cómo es posible, recalcó, que el gobierno mexicano no se haya pronunciado en torno a la reciente campaña de difamación contra los integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Se ha insultado al grupo de científicos, insistió.

La diputada priísta Erika Lorena Arroyo Bello respondió que el caso Ayotzinapa es lamentable, pero tampoco se puede negar que se hayan hecho cosas, que hay gente que ya está en la cárcel, además de que es un problema de crimen organizado en el que intervienen distintos factores.

Su compañero de partido, el senador Miguel Ángel Chico Herrera agregó que el presidente Peña Nieto enfrentó el tema con gran valentía, recibió a los padres de los desaparecidos, y la Procuraduría General de la República (PGR) está haciendo su labor.

Integrante del Parlamento Europeo, la diputada Estefanía Torres Martínez, cuestionó tal afirmación y dijo que los propios padres de los normalistas –con los que se reunieron– no se sienten ni acompañados ni respaldados por el Estado mexicano. Cuestionó también por qué se impide a los integrantes del GIEI entrevistarse con los miembros del batallón 27, con sede en Iguala.

El senador del PRI, José Ascención Orihuela, argumentó que no debe olvidarse que el problema tiene origen en la delincuencia organizada y que los hechos se dieron en un municipio gobernado por la izquierda.

El presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores-Europa, Rabindranath Salazar –del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (PRD– coincidió en que debiera haber la posibilidad de que cualquier autoridad señalada en el caso de los normalistas desaparecidos pueda ser entrevistada y se desmarcó de las afirmaciones de los legisladores del PRI.

El propio presidente del Senado, Roberto Gil Zuarth, reconoció durante la inauguración del encuentro que en México hay muchos casos pendientes que nos lastiman en materia de derechos humanos.

Por su parte, la copresidenta de la delegación europea, Teresa Jiménez Becerril, señaló que el Acuerdo de Libre Comercio entre México y la UE se modernizará y uno de los rubros a revisar es el de la cláusula de derechos humanos.