Empresarios e integrantes del sector industrial de todo el país promovieron al menos 16 demandas de amparo, algunas de ellas colectivas, con miras a que jueces federales y la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaren la inconstitucionalidad de la Ley de Transición Energética (LTE), que fue publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el jueves 24 de diciembre de 2015, informaron fuentes del Poder Judicial Federal (PJF).

La mayoría de las demandas de garantías contra la LTE (la cual estipula que este año al menos 5 por ciento de la electricidad en el país provenga de fuentes limpias; en 2021, el compromiso se elevaría a 30 por ciento, para llegar a un mínimo de 35 por ciento en 2024) fueron presentadas ante jueces de distrito de Monterrey y del Distrito Federal.

El pasado martes fue el último de los 30 días hábiles que da la Ley de Amparo para impugnar la inconstitucionalidad de esa ley, contra actos de la misma entrada en vigor de la norma.

Sin embargo, los industriales del país aún están en posibilidades de impugnar violación a sus derechos fundamentales de carácter económico, una vez que comience el primer acto de aplicación de la LTE y/o cuando les ocasione un agravio personal y directo.

Es decir que los industriales inconformes con esta nueva ley podrán tramitar otros amparos una vez que haya multas, normativas u obligaciones de compra de Certificados de Energías Limpias.

En juzgados de Monterrey se tiene registro de diez demandas de amparo tramitadas ante cinco diversos juzgados de distrito, mientras que las restantes se tramitaron ante alguno de los juzgados de distrito en materia administrativa que hay en la ciudad de México.

También sindicatos de la industria metalmecánica promovieron amparos por considerar que la Ley impactará sus fuentes de empleo.

Entre las industrias más afectadas están la siderúrgica, química y textil, por lo que habrá acciones similares de organismos como Concamin, Canacintra y la Caintra.

De acuerdo con estimaciones de expertos en el sector industrial, la ley impugnada acarrearía un alza de al menos 30 por ciento en el costo de la electricidad para todos los usuarios, por lo que la iniciativa privada.