El aumento de 6.1 por ciento de las agroexportaciones, cuyo valor es de 24 mil 461 millones de dólares, corresponde a las grandes empresas agropecuarias, toda vez que los jornaleros tienen dificultades para sembrar por la falta de acceso al financiamiento y a los bajos precios de los granos, dijo Raúl Pérez Bedolla, secretario general de la Alianza Campesina del Noroeste (Alcano).

Un reflejo de las dificultades que afrontan los pequeños productores es la disminución en 8 por ciento de la superficie cultivable, es decir, un millón 760 mil hectáreas dejaron de sembrarse o destinarse a la ganadería ejidal.

La expectativa de la actual administración de incorporar mayor superficie a la producción de alimentos está detenida por el momento, agregó.

En un informe que la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) entregó a la Cámara de Diputados se indica que anualmente se cultivan en promedio 22 millones de hectáreas, aunque se pueden destinar hasta 30 millones a la producción de alimentos; además de que se utilizan 109.8 millones de hectáreas para la ganadería, actividades a las que se dedican 6.5 millones de personas.

Luego de ser ratificado como secretario general de Alcano, Pérez Bedolla comentó que uno de cada cinco mexicanos viven en el campo; de 12.3 por ciento de la población ocupada en el medio rural, algunas personas trabajan 35 horas a la semana, pero sus ingresos son inferiores al salario mínimo, y quienes laboran más de 48 horas semanales ganan hasta dos salarios mínimos.

Propietarios de las tierras y jornaleros enfrentan un panorama desolador; el desarrollo del sector tiene que darse de abajo hacia arriba y no en sentido inverso, asentó.

Agregó que los números que presentan los grandes empresarios del país no se reflejan en el abatimiento de la pobreza alimentaria ni en la de los campesinos. No hay un impacto en el desarrollo de las comunidades, ya que hay una enorme concentración de la riqueza en manos de unos cuantos.

La discusión de las agrupaciones campesinas con el gobierno, abundó, es la urgencia de cambiar las políticas públicas, y por eso sigue firme la propuesta de firmar un pacto con el Ejecutivo para que se realicen las modificaciones que rompan con los monopolios agropecuarios.

Los funcionarios deben reconocer la interlocución que tenemos como representantes de los campesinos y pequeños propietarios del país, quienes poseen más de la mitad de la tierra pero viven con las migajas que se han estado otorgando al sector.