Un tribunal federal ordenó este lunes reponer el procedimiento para determinar nuevamente si se debe conceder prisión domiciliaria a Elba Esther Gordillo en el juicio abierto por delincuencia organizada y lavado de dinero, al tiempo que un juzgado federal concedió otra suspensión en vía de amparo a la ex lideresa magisterial que le garantiza permanecer por tiempo indefinido en un hospital privado de la Ciudad de México.

La magistrada Isabel Porras Odriozola, titular del tercer tribunal unitario penal de la Ciudad de México, instruyó a su colega Luis Pérez de la Fuente, del primer tribunal unitario, corregir los vicios de motivación y fundamentación en el fallo donde el pasado 23 de septiembre negó la prisión domiciliaria a la maestra y que, con libertad, resuelva de nuevo sobre ese beneficio, pero aplicando un criterio fundado en el principio de derechos humanos conocido como pro persona.

En tanto, el abogado Marco Antonio del Toro, defensor de la profesora, luego de enterarse del contenido de un proyecto de resolución elaborado por el magistrado Horacio Hernández Orozco, que plantea amparar a Gordillo y que fue publicado ayer en este diario, dijo que ahora sí ha quedado demostrado que la maestra fue acusada sin sustento y que es inocente.

En entrevista, Del Toro pidió al presidente Enrique Peña Nieto que llame a cuentas a aquellos funcionarios federales que han manipulado la ley con fines de “vendetta política”.

Expresó: “el proyecto elaborado por el magistrado Hernández desnuda por completo que en el México de hoy todavía quedan resabios de un autoritarismo que es capaz de usar el derecho penal como mecanismo de vendetta.

Con esto han quedado desenmascarados algunos funcionarios que, mediante falacias y violando la Constitución, engañaron a la nación, al mostrar como culpable a la maestra Gordillo, sabiendo que las acusaciones no tienen respaldo en el derecho, añadió.

Ayer, La Jornada informó sobre el proyecto de resolución elaborado por uno de los tres integrantes del quinto tribunal colegiado penal que propone otorgar la inmediata libertad de la maestra por diversos actos inconstitucionales e ilegales atribuidos a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y a la Procuraduría General de la República (PGR).

Para mí es una lástima que esto pase y sé que el más alto nivel del Poder Ejecutivo tomará nota y llamará a algunos a cuentas, y el Poder Judicial Federal tiene el reto de mostrarle al país su independencia, dijo Del Toro.

Probidad

Añadió que “con lo publicado por La Jornada ha quedado probado que Alberto Bazbaz Sacal, titular de la UIF, fue recibido a puerta cerrada por cada uno de los magistrados (del quinto tribunal colegiado penal), con el propósito de alegar contra la maestra, aun cuando Bazbaz no figura como parte en el juicio de amparo y por tanto carece de legitimación. Fue por eso que la defensa decidió plantear su recusación. Esto no se debe tolerar”.

Dijo que la integridad de los magistrados no está en tela de duda, pero sin duda es violatorio de los principios de independencia judicial de la Organización de Naciones Unidas (ONU), que ha establecido que una intimidación que se materializa con la mera presencia de un funcionario de ese nivel a quien recibieron ilegalmente a puerta cerrada, pone en riesgo su autonomía.

En tanto, el décimo tercer juzgado de distrito confirmó ayer una suspensión en vía de amparo que permitirá a Gordillo continuar detenida en una habitación de un hospital privado en la que se encuentra desde hace dos semanas.

Por la noche, en un comunicado, la PGR informó que en caso de que se ordene la prisión domiciliaria de Elba Esther Gordillo, mediante un amparo, el Ministerio Público contaría con 10 días hábiles para inconformarse.

Expresó que en observancia a los ámbitos de competencia y atribuciones entre poderes, la PGR se manifiesta respetuosa de la resolución del tercer tribunal unitario penal del primer circuito, que concedió un amparo para efectos a Elba Esther Gordillo Morales.

Agregó que se trata de un amparo que no implica en lo inmediato que Gordillo sea enviada a algún domicilio particular para quedar sujeta a prisión domiciliaria, sino que el primer tribunal unitario penal del primer circuito, en libertad de criterio, tiene la facultad de conceder o negar este beneficio.