Integrantes de la Coordinadora Nacional el Agua para Todos señalaron que su defensa del recurso coincide con la posición que el papa Francisco ha asumido al criticar el paradigma destructivo de la naturaleza anteponiendo intereses privados.

Por ello, a unos días de la visita del pontífice a México, que se inicia el 12 de febrero, las organizaciones que conforman la coordinadora buscarán visibilizar la crisis del agua en nuestro país por conducto del jefe del Estado Vaticano.

En conferencia, informaron que enviarán, a través de la nunciatura apostólica, una carta al jerarca católico en la que le hacen ver las coincidencias de sus ideas con la encíclica Laudato si, en la que el Papa critica el paradigma destructivo con la naturaleza y dañino al entorno social.

Tendencia a privatizar

Alicia Sánchez, integrante de Agua para Tod@s DF, afirmó: “Estamos de acuerdo cuando su encíclica cuestiona la tendencia a privatizar el agua, convirtiéndola en mercancía, y que ‘el acceso al agua potable y segura es un derecho humano básico, fundamental y universal, porque determina la sobrevivencia de las personas y, por tanto, es condición básica para el ejercicio de los demás derechos humanos’”.

Recordaron que las agrupaciones, etnias y demás que forman la coordinadora presentaron en 2013 al Senado una iniciativa ciudadana para la ley general de aguas.

Propone instancias e instrumentos cuidadosamente diseñados para lograr una gestión del agua equitativa y sustentable en México que garantice el derecho humano del agua, así como una contraloría social de agua ciudadana. Es necesario un amplio consenso nacional que permita construir a través de un paciente y cuidado debate de la Ley General de Aguas, indicó Fidela Ocaña Estrada, de la Pastoral Social de la Diócesis del Valle de Chalco.

Hay que recordar que hace un año, en febrero de 2015, la Cámara de Diputados pretendió debatir un proyecto para la nueva Ley General de Aguas basado en planteamientos de la Comisión Nacional del Agua, lo cual propició la reacción de sectores sociales, intelectuales y académicos, que advirtieron que se trataba de una iniciativa privatizadora. Debido a la presión ejercida por estos grupos, que incluso generó que las universidades Nacional Autónoma de México, Autónoma Metropolitana y de Guadalajara llamaran a debatir el tema, los diputados decidieron suspender indefinidamente la discusión del proyecto.