No es nuestra culpa
nte las informaciones en el sentido de que el dólar ronda los 20 pesos y el kilo de tortilla, los 17, el gobierno federal manifiesta que tales cifras no han sido inducidas de manera alguna por el ejercicio gubernamental en curso. El problema está en las turbulencias financieras internacionales; enfrentamos la volatilidad y aversión al riesgo que existe con respecto a los mercados emergentes utilizando de manera coordinada los diferentes instrumentos de política fiscal y monetaria.
La relación de la moneda nacional con respecto al dólar no puede interpretarse como una devaluación de la primera, sino como una repreciación del primero debido a fenómenos foráneos y seguiremos trabajando en forma responsable para preservar la estabilidad macroeconómica. Si en la presente coyuntura en México el litro de gasolina cuesta el doble que en el país vecino del norte y si allá el salario mínimo equivale a 14 salarios mínimos nacionales ello debe verse como una expresión de asimetrías que escapan a nuestro control.
Algunos integrantes del Grupo Internacional de Expertos Independientes han sido objeto de críticas por parte de malquerientes pero no hay en ello responsabilidad alguna del gobierno federal: la administración pública ha acatado puntualmente los señalamientos de esa instancia, le ha brindado todo su respaldo, y si sus miembros son odiosos eso es un asunto de opinión pública. El primer interesado en establecer la verdad en torno a los dolorosos hechos acaecidos en Iguala es el Poder ejecutivo Federal y, en consecuencia, se deslinda rotundamente de tales críticas. Por otra parte, la administración pública ya estableció más allá de toda duda razonable que los culpables de esos sucesos fueron el señor José Luis Abarca y el grupo delictivo conocido como Guerreros unidos, como lo han reconocido de manera voluntaria y espontánea decenas de autores materiales hoy sujetos a proceso. No hay, en consecuencia, fundamento en los señalamientos que buscan vincular el actual ejercicio presidencial con los trágicos hechos referidos.
El tema de las residencias de algunos funcionarios ya fue plenamente esclarecido por las instancias pertinentes a las que corresponde, conforme a derecho, investigar tales situaciones. Si la empresa Grupo Higa y el señor Juan Armando Hinojosa Cantú decidieron prescindir de algunas utilidades lo hicieron en estricto ejercicio de las libertades que las leyes les otorgan, ello no representa irregularidad de ninguna especie y la generosidad para con los altos funcionarios no está tipificada como delito en el marco jurídico nacional.
Cabe recordar que el transporte aéreo presidencial que está por entrar en servicio y que ha sido objeto de expresiones adversas procedentes de algunos individuos insatisfechos con su propio nivel de vida fue adquirido en el curso de la administración anterior y que no existió, por ende, participación alguna del actual gobierno en la decisión respectiva. Debe agregarse que una vez realizada la adquisición habría sido sumamente oneroso cancelar o readjudicar la aeronave de referencia; en esta circunstancia, debe reconocerse la prudencia y el espíritu de sacrificio de la Presidencia de la República, la cual optó por resignarse a incorporar dicho avión a su conjunto de medios de transporte aéreo.
La fuga del recluso Joaquín Guzmán Loera del penal de alta seguridad del Altiplano (antes La Palma, antes Almoloya) no contó con la participación de altos funcionarios de la administración pública federal; tal acción fue resultado de una conjura entre celadores de base y algunos directores de área, todos los cuales han sido ya consignados. Prueba de la firme voluntad del actual gobierno en contra de la delincuencia organizada y sus principales exponentes es la recaptura del sujeto mecionado en un tiempo récord, en una acción concertada de las instituciones policiales y militares con la colaboración de autoridades de Estados Unidos y la producción de una prestigiosa empresa televisiva.
El gobierno federal está convencido de que la violencia en algunas zonas aisladas del país es un fenómeno que está siendo contrarrestado mediante la decidida actuación de las autoridades estatales y federales y que muy pronto las organizaciones criminales serán desmanteladas. La bronca está en los alcaldes.
Finalmente, este gobierno expresa su compromiso inalterable con la vigencia de la legalidad, la honestidad en el ejercicio del erario, las libertades individuales, la soberanía nacional, la fortaleza de la economía, la preservación del poder adquisitivo del salario y la dignificación de la educación pública. No es nuestra culpa.
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