l secretario de Hacienda y Crédito Público, Luis Videgaray Caso, anunció ayer un nuevo recorte al gasto público, empezando por Pemex, en el marco de un ajuste preventivo obligado por los bajos niveles de las cotizaciones internacionales de petróleo y lo que llamó la volatilidad y aversión al riesgo que existe con respecto a los mercados emergentes.

El telón de fondo de este anuncio se caracteriza, entre otros datos, por una nueva caída de la divisa nacional ante el dólar estadunidense (el cual volvió a rebasar ayer por la mañana la barrera de los 19 pesos) y por un incremento en el precio de la tortilla, que según el Sistema de Información e Integración de Mercados (SNIIM) de la Secretaría de Economía se vende hasta en 16.25 pesos el kilo en algunas localidades del país.

Según Antonio de la Torre, dirigente de la Unión Nacional de Industriales de la Masa y la Tortilla, el alza se debe a que, aunque la producción de maíz es satisfactoria y no hay escasez, las grandes empresas ligan el precio al mercado de Chicago, por lo que en México se disparó más con la devaluación del peso. Ello muestra la fragilidad de las promesas gubernamentales y del Banco de México en el sentido de que tal devaluación no habría de traducirse en un incremento de la inflación en el país.

El discurso oficial presenta como inevitable la realización de nuevos recortes al gasto público y medidas de ajuste adicionales a las ya anunciadas –como el despido de unos 16 mil trabajadores de Pemex–, pero ha de admitirse que tales determinaciones fortalecen las tendencias recesivas en la economía nacional y que con ello se agudiza aún más el impacto de la desfavorable circunstancia internacional en las condiciones de vida, de por sí deterioradas, de la mayoría de los habitantes del país.

Es cierto que las autoridades económicas nacionales no tienen bajo su control las variables internacionales que han incidido en la caída de las cotizaciones del crudo –y, por ende, en una considerable reducción de los recursos fiscales– ni los quebrantos experimentados por el peso mexicano en los mercados cambiarios. Pero el gobierno federal sí está en condiciones de emprender un viraje en la política económica a fin de fortalecer y dinamizar el mercado interno en lugar de dictar medidas que inciden en su contracción.

En lugar de cerrar fuentes de empleo en el sector público y de constreñir el gasto se podría llevar a cabo una reorientación en la forma en que se ejercen los presupuestos a fin de implantar dentro de la administración pública una verdadera austeridad, la cual implicaría reducir en forma significativa las percepciones de los funcionarios y representantes de alto nivel –a todas luces excesivas e incluso irritantes, dada la vastedad de las carencias que afectan a la mayor parte de la población–, los viajes al extranjero y las adquisiciones innecesarias. Hoy parece más necesario que nunca, por otra parte, emprender un ataque frontal a la corrupción, la cual cuesta anualmente al país unos 740 mil millones de pesos, cifra equivalente a 4 por ciento del producto interno bruto, según expresó recientemente Julio Millán Bojalil, presidente del Grupo Corporación Azteca en un encuentro de negocios realizado en Guadalajara.

No parece exagerado afirmar que si se suprimiera esa monumental sangría de recursos al erario y se aplicara una racionalización del gasto público, sería posible destinar cientos de miles de millones de pesos a la reactivación y el fortalecimiento del mercado interno mediante la creación de puestos de trabajo, la realización de obras de infraestructura con costos reales –es decir, sin comisiones ilícitas y demás corruptelas–, el apoyo decidido al agro, una dignificación general de la educación pública en todos sus ciclos, el mejoramiento de los servicios de salud, el impulso a cooperativas y pequeñas y medianas empresas y un mayor respaldo a las actividades culturales, entre otras cosas.

En suma, hay alternativas para hacer frente a la coyuntura económica actual que no pasan por las tradicionales medidas recesivas del recetario neoliberal.