Madrid.

Dos integrantes del grupo Títeres desde Abajo se encuentran en la prisión de alta seguridad de Soto del Real acusados del delito de enaltecimiento del terrorismo y pueden ser condenados a ocho años de cárcel.

Títeres desde Abajo se presentó el viernes pasado en el centro de esta capital, y el ayuntamiento madrileño que los contrató lo presentó como un espectáculo infantil, cuando en realidad se trataba de una sátira política con un lenguaje verbal y corporal no apto para menores.

El escándalo surgió cuando a través de las redes sociales se conoció que entre las actividades programadas por el gobierno de la nueva alcaldesa Manuela Carmena para el carnaval había una función de títeres en la que se violaba a una monja, se ahorcaba a un juez y a un agente de la Guardia Civil y en el que la monja violada intentaba provocarse un aborto con un crucifijo. Además, en plan satírico, se sacó una pancarta en la que se leía: Gora Alka-ETA, una especie de juego de palabras en alusión a ETA y a Al Qaeda y que pretendía denunciar la práctica de la supuesta manipulación de las pruebas por oficiales de la policía.

Los padres de familia denunciaron a la policía el espectáculo, que trasladó a la comisaría a los dos jóvenes titiriteros, uno de Almería y otro de Madrid. Después, el juez de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, les imputó un delito de enaltecimiento del terrorismo, amparado entre otras cosas por la denuncia que presentó el ayuntamiento de Madrid, cuya concejala de cultura, Celia Mayer, denunció el supuesto incumplimiento del contrato por los titiriteros y advirtió que en ningún caso se había acordado esa función.

La crisis ha ido en aumento sobre todo porque el ayuntamiento ha tenido una actuación errática; primero al contratar el espectáculo, después al calificarlo de aberrante y deplorable, más tarde por presentar una denuncia y horas después anunciar que estaba estudiando retirarla. La alcaldesa Carmena se limitó a asegurar este lunes, en rueda de prensa, que habrá una investigación profunda para deslindar responsabilidades. No obstante, criticó la actuación excesiva del juez por mantener en prisión a los titiriteros, y apeló al derecho constitucional de la libertad de expresión.

Mientras, los medios conservadores y el resto de partidos criticaron al gobierno local, administrado por la formación Ahora Madrid, integrada en parte por Podemos, al que se le abre la primera gran crisis con la petición de que se destituya de forma fulminante a su concejala de cultura.

La alcaldesa pidió perdón y reconoció: ha sido un error muy grave y tiene que haber una responsabilidad de las personas que no han hecho lo que debieron y tomaremos medidas en relación a esas actitudes que no queremos que se vuelvan a repetir.

Al tiempo, desde las formaciones de izquierda y del gremio de actores se reclama cada vez con más ímpetu que se libere cuanto antes a los titiriteros y se denuncian las prácticas totalitarias y contrarias al derecho a la libertad de expresión.