La Asociación Mexicana de Derecho a la Información (Amedi) advirtió que si el gobierno mexicano no consigue la inversión privada necesaria para desarrollar la red compartida y cumplir con dar cobertura social a las zonas más pobres del país, o los ganadores de la licitación no garantizan el uso de tecnologías en esas regiones, el Estado deberá realizarlo, pues se trata de un mandato constitucional.

Alertó que el porcentaje de cobertura social fijado en la licitación es insuficiente, debido a que México tiene un déficit de conectividad en relación con América Latina. Detalló que al cierre de 2015 el país tenía una penetración de 81 dispositivos móviles por cada 100 habitantes, cifra sólo superior a la de Cuba y República Dominicana, e inferior al promedio regional: 106.

Las bases del concurso indican que por cada uno por ciento de población cubierta en localidades mayores (más de 10 mil habitantes), deberá llevarse el servicio de red compartida a por lo menos 0.15 por ciento de la población en localidades menores a 10 mil, cifras que contrastan con las determinadas en las prebases, en las cuales la cobertura social debería ser de 0.29 por ciento, explicó la asociación, que preside el especialista Jorge Fernando Negrete.

La Amedi aseguró que es posible acelerar el despliegue de la red, evitar más retrasos y cumplir con el programa estipulado. Destacó que la cobertura en localidades con menos de 10 mil habitantes debe conservarse en 0.29 por ciento por cada punto porcentual en comunidades mayores, como se planteó en las prebases del proceso, y aseguró que se debe elevar de 30 a 40 por ciento la cobertura entre la población agregada en la primera etapa del despliegue.

Para garantizar el acceso universal, el Congreso ha establecido la red pública compartida mayorista y le ha asignado 90 megahercios (Mhz) de la banda de 700, bloque de espectro que por sus características alcanza la mayor propagación de ondas y cobertura social. Así, la regulación debe asegurar que los intereses comerciales no desplacen las obligaciones en materia de cobertura.

La Amedi censuró que las bases contemplen en los porcentajes de cobertura de la población agregada, a partir de 2018 y hasta el despliegue total de la red, la inclusión de un porcentaje creciente de cobertura en los pueblos mágicos, debido a que por tratarse de destinos turísticos atractivos ya están conectados por las redes privadas de los operadores de telecomunicaciones, por lo que no debieran ser prioritarios en la red compartida. El turismo es importante para detonar desarrollo económico local y nacional, pero no al grado de privilegiarlo por encima de las zonas más marginadas del país, expuso.

Especialistas agrupados en la Amedi hicieron un llamado a que en todo el proceso de licitación de la red compartida haya transparencia plena y prive el principio de máxima publicidad, el modelo de negocio, la futura operación de la red y las condiciones del contrato de asociación público-privada, uso y explotación del espectro y los hilos de fibra óptica. De la misma manera deberán estar sujetos al escrutinio de la sociedad el desempeño de la red compartida, las empresas que la operen, la calidad de los servicios y las condiciones del contrato de la asociación público-privada, por el que optó el gobierno federal.