Senadores del PAN suscribieron la propuesta de la ley general de responsabilidades administrativas, conocida como ley 3 de 3, que impulsan organizaciones sociales y ciudadanas, y van a recolectar las 20 mil firmas que se requieren para su presentación ante el Congreso de la Unión.

Los senadores Daniel Ávila y Marcela Torres comentaron que la iniciativa forma parte del Sistema Nacional Anticorrupción que su partido ha venido impulsando en materia de responsabilidades administrativas de los servidores públicos.

Señalaron que la propuesta es crear un catálogo de faltas administrativas graves, a fin de tener un piso parejo en todo el país, en estados y municipios.

Es importante, recalcó el senador Ávila, que los actos de corrupción cometidos por servidores públicos sean catalogados como delitos graves y puedan ser fácilmente identificados. La propuesta permitirá, dijo, contar con el andamiaje jurídico para el combate frontal a la la corrupción y la impunidad.

El legislador expuso que la iniciativa es impulsada por instituciones con gran reconocimiento, como el Centro de Investigación y Docencia Económicas, el Instituto Tecnológico Autónomo de México, el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, la Escuela de Gobierno del Tecnológico de Monterrey, Transparencia Mexicana, la Barra de Abogados, la Red por la Rendición de Cuentas y Causa en Común.

Ávila resaltó que la propuesta coincide con los planteamientos que el PAN ha formulado en relación con la responsabilidades administrativas de los servidores públicos.

En caso de reincidencia, fuera

Una cuestión donde hay gran coincidencia es en cuanto al seguimiento a las servidoras y servidores públicos que han cometido algún acto de corrupción, para que en casos de reincidencia salgan del servicio público, detalló la senadora Torres Peimbert.

Por su parte, el senador Ávila resaltó que el grave problema de corrupción que prevalece en el país se refleja en el reciente índice global de impunidad, en el que México aparece en el lugar 58 de 59 naciones evaluadas, sólo arriba de Indonesia.

Los delitos de corrupción en la administración pública no deben quedar impunes, por lo que debemos trabajar en conjunto y coordinadamente el Poder Legislativo con las instituciones académicas y los organismos civiles, concluyó.