l pasado fin de semana la policía salvadoreña capturó a cuatro de 16 ex militares acusados de la masacre perpetrada en la Universidad Centroamericana (UCA) de San Salvador el 16 de noviembre de 1989, en la que fueron asesinados el rector de esa institución, el sacerdote jesuita de origen español Ignacio Ellacuría, sus compañeros Ignacio Martín Baró, Segundo Montes, Amando López, Juan Ramón Moreno, Joaquín López y López, la empleada doméstica Elba Julia Ramos y la hija de ésta, Celina, menor de edad.
En esos días tenía lugar una intensa ofensiva militar del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), que era por entonces una coalición de grupos guerrilleros y actualmente es la fuerza política gobernante en El Salvador.
Como ha sido ampliamente documentado, el crimen fue perpetrado por integrantes del batallón Atlácatl del ejército salvadoreño, un cuerpo de élite que por entonces comandaba el coronel René Emilio Ponce –quien se desempeñaba, además, como jefe del estado mayor conjunto– y fue financiado, entrenado y armado por el gobierno de Estados Unidos durante los periodos presidenciales de Ronald Reagan y George Bush.
Cuatro años después de los asesinatos la Comisión de la Verdad para El Salvador, instituida por la organización de Naciones Unidas, determinó que el crimen fue ordenado por el alto mando de las fuerzas armadas.
Originalmente la justicia salvadoreña juzgó y sentenció a algunos autores de la masacre, pero no fueron procesados la mayoría de los responsables intelectuales.
No fue sino hasta diciembre de 2011 que una instancia foránea de justicia –el ministerio español del ramo– emprendió una acción penal contra el resto de los responsables: un general, cuatro coroneles, dos tenientes, un subteniente y varios suboficiales. A la postre, el proceso se tradujo en órdenes internacionales de aprehensión contra 12 ex militares, cuatro de los cuales están ya detenidos por la policía salvadoreña.
No puede dejar de celebrarse que, así sea con tres décadas de atraso, se ponga fin a la impunidad de que gozaron los responsables del crimen de la UCA, perpetrado, según interpretaciones coincidentes, para torpedear una salida pacífica y negociada al conflicto armado salvadoreño, salida de la que Ellacuría y sus compañeros eran activos promotores.
Al mismo tiempo, resulta desolador que el sistema de justicia del país centroamericano no haya sido capaz en todo ese tiempo de imputar y castigar por sí mismo a la mayor parte de los autores intelectuales y materiales de aquellos asesinatos. Ello resulta indicativo de la debilidad que prevalece en la institucionalidad salvadoreña a más de 20 años de firmados los Acuerdos de Chapultepec, que pusieron fin a la guerra en ese país hermano.
