Doña Demesia tiene 70 años, pertenece a la etnia q’eqchi’ de Guatemala y sigue esperando: Moriré contenta cuando se haga justicia; hasta entonces moriré, ahora no, porque todavía estoy luchando. Voy a seguir luchando hasta donde llegue.

Sus palabras retumban en el juzgado de primera instancia de mayor riesgo B –ubicado en el nivel 14 de la Torre de Tribunales, en el centro de la ciudad de Guatemala– y fueron fundamentales para el juez Miguel Ángel Gálvez en el juicio histórico de 15 mujeres q’eqchíes sometidas a violencia y esclavitud sexual, entre 1982 y 1983, por militares del destacamento Sepur Zarco en el municipio de El Estor, Izabal, en el norte del país.

Ellos nos violaban cuando nosotras estábamos trabajando. Dicen que no es cierto; no aceptan todo lo que nos hicieron. Una razón por la que no avanza nuestra demanda es por los militares. Ellos no responden por lo que hicieron, nos dicen que estamos mintiendo. No aceptan que nosotras lavamos, cocinamos en el destacamento para los soldados.

Vestida con ropa típica de la etnia q’eqchi’, de ascendencia maya, doña Demesia lleva cubiertos la cabeza y el rostro por un rebozo, al igual que sus 13 compañeras querellantes que asisten al tribunal para dar testimonio frente a sus perpetradores. Falta Magdalena Pop, quien murió recientemente: Yo ya hice lo que me tocaba, ahora a ustedes les toca seguir el camino a la justicia, les dijo a modo de despedida.

Ellas han esperado más de 30 años, y por primera vez en la historia de Guatemala se juzga en un tribunal nacional delitos de esclavitud sexual, esclavitud doméstica y violencia sexual como crímenes de guerra y lesa humanidad imprescriptibles.

Ada Valenzuela, de la Unión Nacional de Mujeres Guatemaltecas (Unamg), como parte de la Alianza Rompiendo el Silencio y la Impunidad, querellantes del proceso, junto al Colectivo Jalok U, dice en entrevista con La Jornada que este es sólo el principio: Son muy valientes, ellas han dicho que la justicia es que se conozca su verdad. La sociedad les traslada la culpa a las mujeres que sufren violencia sexual, por eso ellas quieren que se sepa lo que les pasó y que vean que no fue su culpa. No quieren que le vuelva a pasar a ninguna mujer en Guatemala ni en el mundo.

Violencia sistemática

Las mujeres q’eqchi’ provienen de las aldeas La Esperanza, Sepur Zarco, Pombaaq, San Marcos y Tres Arroyos, en la región del Polochic, entre Panzós Alta Verapaz y El Estor, del departamento de Izabal, una zona que en la década de los 80, durante la guerra en Guatemala, se construyeron seis destacamentos militares y vivió altos índices de violencia.

El destacamento de Sepur Zarco era destinado al descanso de la tropa: Los hombres de la comunidad fueron obligados a construir la base militar y las mujeres obligadas a cocinarles y lavarles la ropa. En ese momento las familias intentaban legalizar sus terrenos en el Instituto Nacional de Tierras, y el ejército llegó a las comunidades con listado en mano para detener y desaparecer a los esposos de estas 15 querellantes, dice Ada Valenzuela, que desde hace 15 años trabaja en la defensa de los derechos de las mujeres.

El juicio Sepur Zarco tiene que ver con el litigio de la tierra históricamente despojada por los terratenientes y la oligarquía guatemaltecos.

“Sus esposos fueron desaparecidos porque buscaban legalizar sus tierras. Y las mujeres son declaradas viudas y ‘disponibles’. Es entonces cuando el ejército de Guatemala las somete a esclavitud sexual y doméstica y violencia sexual continuada”, añade Ada Valenzuela.

En ese contexto, cuenta que las mujeres eran obligadas a hacer turnos de 12 horas para lavar la ropa de los soldados y cocinarles. Durante estas jornadas eran violadas sistemáticamente por militares, tanto dentro como fuera del destacamento, en los alrededores y en las orillas del río, cuando ellas iban a lavar la ropa de los soldados.

La activista e investigadora Luz Méndez Gutiérrez, miembro de la querellante en el juicio Unamg y coautora del libro Mujeres indígenas: clamor por la justicia, violencia sexual, conflicto armado y despojo violento de tierras, explica que el ejército implementó en esa zona una política de tierra arrasada, que incluyó la destrucción de las viviendas, la quema de las cosechas y la eliminación de todos los recursos de sobreviviencia de las comunidades.

Las integrantes de las comunidades fueron forzadas a desplazarse a Sepur Zarco, en donde fueron obligadas a instalarse en los alrededores del destacamento militar, donde ellas mismas tuvieron que construir sus viviendas improvisadas, sus champas hechas de cartón, lámina... una de ellas vivió durante un año con sus cuatro hijos en una vivienda de plástico atada a unos arboles.

Añade: La esclavitud doméstica iba de la mano de la esclavitud sexual, ya que cada vez que ellas llegaban al destacamento eran violadas en las habitaciones de los soldados o en la garita de entrada o en donde fuera. Cuando eran conducidas al río más cercano para lavar los uniformes, eran violadas y humilladas, por ejemplo, forzadas a desnudarse e introducirse y bañarse junto con los soldados.

A la explotación sexual y doméstica, se une la explotación económica, ya que no recibían pago alguno por su trabajo, algo que afectaba directamente a sus familias: Todo esto significó una explotación económica extrema que las llevó al borde de la supervivencia, porque cuando hacían el turno tenían que trabajar 12 horas, por lo cual dejaban de proveerles alimentos a sus propios hijos, que dejaban abandonados en sus casas. Ellas tenían que llevar el jabón para lavar la ropa de los soldados, el maíz para preparar el nixtamal y con ello preparar las tortillas para la tropa.

Militares impunes

El juicio Sepur Zarco es el resultado de una lucha de 12 años. La primera querella penal se presentó en 2011, para solicitar que el caso fuera considerado de alto riesgo dentro de la justicia transicional que juzga los crímenes cometidos durante la guerra en Guatemala.

Las querellantes ofrecieron su declaración en anticipo de prueba en 2012, y allí se inició el proceso de identificación de los responsables. En junio de 2014 fueron acusados el coronel del ejército Esteelmer Francisco Reyes Girón y el ex comisionado militar Heriberto Valdez Asig, aunque faltan los altos mandos y muchos otros.

Los dos acusados se declararon inocentes, dicen que no conocen el lugar y que no saben de lo que estamos hablando; sin embargo, con el Ministerio Público hemos ofrecido 43 testigos presenciales y en anticipo de pruebas el testimonio de las querellantes y una gran cantidad de pruebas materiales y peritajes, que sustentan científicamente lo que sucedió, dice Ada Valenzuela.

El juicio representa un reto para bajar la violencia contra las mujeres: “Guatemala sigue teniendo altos indices de violencia contra las mujeres y de agresiones sexuales contra niñas y adolescentes.

La violencia sexual es un continuo en la vida de las mujeres guatemaltecas, y juzgar lo que pasó nos puede ayudar a entender cómo esta sociedad tan discriminadora, machista y racista sigue reproduciendo esos patrones donde se usan los cuerpos de las mujeres para mantener control y dominación.

Añade: Hay una repetición del machismo y el patriarcado en la vida de las mujeres guatemaltecas. ¿Cómo es posible que tantos años después les siga tocando enfrentarse a la violencia sexual? Y no nos quieren creer lo que les paso a ellas.

Para Luz Méndez, el juicio Sepur Zarco es emblemático: Se trata de poner fin a la impunidad. Son mujeres indígenas que constituyen el grupo más oprimido y discriminado. En Guatemala la violación sexual había sido utilizada en forma masiva y sistemática contra las mujeres. Ocho de cada 10 víctimas son mayas. Y hemos venido construyendo un proceso de lucha por sacar la violencia sexual del silencio.

Cuando empezaron a recabar los testimonios, dice que salieron a la luz atrocidades espantosas: Fueron violadas en forma atroz, particularmente los soldados se ensañaban contra los órganos sexuales y reproductivos de las mujeres, llegando incluso a violar mujeres recién paridas o bien les extraían el feto a las embarazadas y luego ambos eran asesinados.

Cuenta que aun cuando estos testimonios causaron horror en la sociedad guatemalteca, luego la violencia sexual fue quedando en el silencio: Parecía que nadie quería hablar de eso, hasta que un grupo de mujeres feministas y defensoras de derechos humanos conformamos una alianza para sacar de la invisibilización estos crímenes.

Las mujeres q’eqchi’ querellantes han padecido todo tipo de estigmatización y padecido altos niveles de pobreza. Todas ellas sufren distintos tipos de enfermedades producto del trabajo forzado y las violaciones sexuales, dice Ada Valenzuela: Presentan dolores en el vientre, de cabeza, en los oídos. Están padeciendo muchas enfermedades por los golpes que sufrieron. Eran golpeadas para violarlas, con armas o palos... son historias muy duras. Las agarraban unos y las violaban otros. Son situaciones muy desgarradoras. Si la gente las escuchara no podría dudar de lo que dicen.

A sus 70 años, doña Demesia sabe que esta cerca su final, pero su etnia cree firmemente en la cosmovisión del ser humano con la madre tierra, por eso sueña con la reparación integral de este juicio: Perdimos nuestras casas, nuestra tierra, y esa es la parte del resarcimiento que estamos esperando. Para mí, justicia es que den sentencia a los dos capturados. Esa es nuestra demanda por todo el daño que nos hicieron. Es mi lucha, todo lo que he sufrido, así me iré contenta, me iré satisfecha. Espero justicia y diré que logré lo que quería como fruto de mi trabajo.