Culiacán, Sin.

La diputada Lucero Sánchez López presentó una queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) contra la Procuraduría General de la República (PGR), la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (Seido) y las policías Federal Ministerial y Federal Preventiva, debido a que considera que dichas autoridades cometieron abusos en su contra.

La legisladora local fue vinculada por la PGR con Joaquín Guzmán Loera, líder del cártel de Sinaloa, a quien, según las indagatorias, visitó en el penal del Altiplano. Para esto habría usado acta de nacimiento y credencial para votar falsos.

La legisladora, quien renunció a la bancada del Partido Acción Nacional luego de que fue obligada por agentes federales a declarar ante el Ministerio Público, en la Ciudad de México, acusó a la titular de la PGR, Arely Gómez, de actuación inconstitucional y la responsabilizó del proceder de sus subalternos, quienes la privaron de la libertad y la incomunicaron cuando la interceptaron en Culiacán, el 20 de enero.

En su queja, Sánchez López señaló que se le exhibió públicamente y se le hizo aparecer como una delincuente ante los medios locales, nacionales e internacionales. Manifestó además que la privación ilegal de la libertad de que fue víctima ocasionó severos daños emocionales a ella y a sus hijos, lo que puede tipificarse como tortura.

Acusó al personal adscrito a la Seido y a su titular de violar derechos humanos y tratados internacionales que han sido suscritos por el gobierno mexicano.

Sánchez –oriunda de Cosalá, Sinaloa– manifestó que las autoridades federales violentaron el fuero que tiene como diputada, al no seguirse el procedimiento que fija el artículo 111 de la Constitución sobre la imposibilidad de ser procesada por autoridad alguna en tanto no inicie un juicio de procedencia.

Además, añadió, pudieron enviarle un citatorio para que acudiera a declarar, ya que ella había señalado ante los medios de comunicación su disposición de comparecer ante las autoridades.