La nueva reforma en materia de justicia laboral que prepara el gobierno se elabora sin consulta ni información pública, y aun cuando se creó una comisión para ello, las negociaciones son a puerta cerrada, sostuvo el Frente Auténtico del Trabajo (FAT).

Ante ello, exigió transparencia en este proceso; convocatoria pública, abierta e incluyente; representación real de los actores involucrados, juristas y académicos, sindicatos y trabajadores, y que el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) retome las riendas del proceso, ya que fue excluido del mismo.

Inicialmente el CIDE estaba encargado de realizar consultas y foros públicos sobre el tema, y en el primero de ellos convocó a expertos, sindicatos y organizaciones sociales que cuestionaron seriamente el carácter tripartito de las Juntas de Conciliación y Arbitraje y la forma en que actúan.

Para contrarrestar este atrevimiento democrático, el gobierno excluyó del proceso al CIDE y conformó una comisión de 14 integrantes, 10 de ellos representantes del Poder Ejecutivo, tres de organizaciones empresariales, entre ellas el Instituto Mexicano para la Competitividad y la Asociación Nacional de Abogados de Empresa, y un solo académico, representando al Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.

Además, indicó el FAT, se simuló una consulta pública en la web, en la que se planteó sólo una pregunta: ¿Qué opina usted de la justicia laboral?

Para que una reforma en materia de justicia laboral sea válida, en su elaboración debe haber representación real de los actores involucrados, sobre todo de trabajadores, sindicatos, abogados laboralistas, estudiosos del tema de diversas instituciones y juristas, advirtió.