Uno de los rezagos en materia de infraestructura para la persecución del delito –en especial robos y secuestros– se encuentra en el incompleto registro público vehicular nacional y los dispositivos para ubicar a los automotores.

Si bien desde su creación, hace una década, este registro tiene una base de datos de 40 millones de vehículos, la lectura e identificación de éstos a través de radares y antenas crece a un ritmo más lento.

La Secretaría de Gobernación (SG) confía en que al cierre de este año se pueda identificar por esta vía a cerca de 10 millones de vehículos, con dispositivos especiales de registro de información y ubicación geográfica.

El programa sólo opera en 24 estados con infraestructura mínima y escasa: 99 módulos de ‘‘pegado’’ o centros de verificación y 75 arcos de lectura. En Tlaxcala, por ejemplo, el sistema opera desde 2012 y cuenta con cuatro módulos y 14 arcos de lectura, mientras que Oaxaca arrancó un año después y, pese a la diferencia en tamaño, esta entidad también tiene cuatro módulos y apenas cuatro arcos de lectura.

La incidencia de delito de robo con violencia de vehículo, por ejemplo, continúa alta: en 2013 fueron denunciados 56 mil 908 casos de este tipo; en 2014, 47 mil 961 y, el año pasado, 45 mil 151. Además, los hurtos sin registro de violencia fueron, en los años referidos, 131 mil, 116 mil y 112 mil cada año, respectivamente.

En septiembre de 2004 fue promulgada la Ley del Registro Público Vehicular, como instrumento del Sistema Nacional de Seguridad Pública para otorgar seguridad jurídica a los actos que se realicen con automotores. De los 40 millones de vehículos registrados, la mayoría están en el centro (36.7 por ciento), seguido de la región occidente (21.9 por ciento).