omo parte de su anunciada modernización urbana, el entonces jefe de Gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard, concesionó tres grandes vialidades –las autopistas urbanas Norte, Sur y Poniente– a un par de consorcios de larga tradición en eso de acaparar los jugosos contratos de obra pública (OHL México, filial de la trasnacional española Obrascón Huarte Lain, que aquí representa el churumbel José Andrés de Oteyza; e Ideal, de Carlos Slim, faltaba más), y tras la firma de la documentación legal respectiva, el ahora residente en París prometió peajes justos y movilidad total en el segundo piso de la ciudad de México.

Apenas 24 horas antes de concluir su mandato Marcelo Ebrard inauguró apresuradamente el último tramo de la autopista urbana Poniente. Al día siguiente entregó los trastes a Miguel Angel Mancera (quien nada ha hecho para evitar que la moderna herencia del Chelo siga atracando a los ciudadanos) y se lavó las manos. A estas alturas, ninguna de sus dos promesas ha trascendido el discurso, puesto que el peaje se ha incrementado desmesuradamente, mientras en horas pico miles de automovilistas pagan la tarifa para incorporarse a una kilométrica fila que más se asemeja a un estacionamiento que a una moderna vialidad.

De lo anterior da cuenta la información publicada ayer por La Jornada (Laura Gómez Flores): desde el primero de febrero el peaje de las autopistas urbanas Norte, Sur y Poniente aumentó 11.5 por ciento, en promedio, por kilómetro recorrido; es decir, 5.4 veces la inflación registrada de diciembre de 2014 a igual mes del año pasado, y es así porque de acuerdo con el título de concesión por 30 años que se otorgó, por conducto de la Oficialía Mayor del gobierno de la ciudad, a las empresas OHL-México, que opera la Norte y la Poniente, e Ideal, la Sur, cada año debe actualizarse su costo, explicó la directora general de Patrimonio Inmobiliario, Marlene Valle Cuadras, versión por demás sesgada, porque de ser correcta dicha actualización no hubiera pasado de 2.13 por ciento.

En realidad, lo que el título de concesión garantiza al referido par de consorcios es un aumento totalmente desproporcionado, y tan es así que los peajes se han incrementado en alrededor de 360 por ciento desde la entrada en funcionamiento de las autopistas urbanas, cuando en el mismo periodo la inflación subió 10.52 por ciento (diciembre de 2012 a diciembre de 2015), es decir, una diferencia cercana a 35 tantos, obviamente a favor de los corporativos privados.

Entonces, la inflación, sí, pero mucho más que eso y por cortesía de Ebrard y de Mancera. El título de concesión detalla lo siguiente (se respeta el lenguaje burocrático): con el propósito de mantener el equilibrio y viabilidad financiera de la concesión, cada año calendario las tarifas se ajustarán automáticamente con base en el índice nacional de precios al consumidor (INPC), de la manera que la inflación no disminuya el valor de las tarifas en términos reales durante el tiempo de vigencia de la concesión. Para tales efectos, el 15 de enero de cada año el importe de las tarifas vigentes en ese momento se multiplicará por el factor de actualización que se obtenga de dividir el INPC vigente en ese momento entre el INPC vigente al 15 de enero del año inmediato anterior. Si el 15 de enero de cualquier año no correspondiera a un día hábil, el ajuste se realizará el primer día hábil siguiente, tomando en consideración el INPC que corresponda.

Hasta allí, aparentemente sólo es la inflación, pero sigue lo mero bueno, porque la concesión garantiza a los consorcios una tasa interna de retorno (TIR) real anual después de impuestos, sin financiamientos, de 10 por ciento (libre de polvo y paja) que la concesionaria tiene derecho a recuperar sobre la inversión total. La concesión tiene una vigencia de 30 años (prorrogables), de tal suerte que el Gobierno del Distrito Federal (ahora de la ciudad de México) armó un jugoso negocio para OHL e Ideal, que se sintetiza así: por cada peso invertido recibirán otros tres, más los ingresos por el aforo vehicular. ¿Qué tal?

Esto último, y no la inflación, es lo que justifica el descomunal aumento en el peaje de las autopistas urbanas, lo cual, si bien documenta el atraco legalizado, no es sorpresa pues en condiciones similares fueron concesionadas obras como el Viaducto Bicentenario y otras más en el estado de México (en los tiempos de Peña Nieto como gobernador de esa entidad) cuyo costo originalmente programado fue de 4 mil 100 millones de pesos, pero que con el correr de los años (no muchos) se elevó a cerca de 12 mil millones (la información es de OHL).

La fiesta para los corporativos concesionados no para allí. El contrato respectivo señala que la dependencia auxiliar (léase la Oficialía Mayor del Gobierno capitalino) podrá autorizar ajustes antes de las fechas previstas para tal efecto en caso de que hayan transcurrido cuando menos tres meses desde el último ajuste, y el INPC haya registrado un incremento de más de 5 (cinco) por ciento con respecto al INPC utilizado en la actualización previa. Independientemente de lo estipulado en los párrafos anteriores, cuando las condiciones sociales lo permitan y el desempeño económico y operativo de la vía así lo justifique, con base en los estudios de soporte respectivos, la dependencia auxiliar podrá autorizar que la concesionaria incremente en términos reales los montos máximos de las tarifas aplicables.

Algo digno de litigio es lo siguiente: en caso de que el Gobierno del Distrito Federal solicite a la concesionaria reducir las tarifas en cualquier porcentaje de manera unilateral, tanto a nivel global (reducción de todas las diferentes tarifas que pudieran existir), como a nivel selectivo (reducción de tarifas en forma diferencial), las partes deberán celebrar previamente un convenio en el que se establezcan los mecanismos financieros o fiscales por medio de los cuales el Gobierno del Distrito Federal compense la diferencia entre las tarifas vigentes y las tarifas especiales que efectivamente se hayan contemplado en el convenio respectivo.

Y después se preguntan ¿cómo es posible que, por ejemplo, de costar 10 pesos el recorrido de Luis Cabrera al puente de Los Poetas en 2012, cuando inició operaciones, subió a 46 pesos este año? ¿Y qué recibe el GDF?: el uno por ciento (fijo) de los ingresos brutos tarifados, sin IVA. He allí una muestra de los modernos negocios que se hacen en México, a costillas de los ciudadanos.

Las rebanadas del pastel

Humberto Moreira es un gran ejemplo para los políticos mexicanos. Por lo mismo, que se abstengan de viajar al extranjero.

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