El PSDB la acusa, junto al vicepresidente Temer, de irregularidades en gastos de campaña
Tiene siete días para preparar su defensa; el caso se había archivado en febrero del año pasado
Policía federal investiga a Lula por presunta aprobación de decretos para favorecer a empresarios
Viernes 5 de febrero de 2016, p. 22
Río de Janeiro.
La tarde de este jueves la presidenta Dilma Rousseff y el vicepresidente Michel Temer fueron, formal y oficialmente, informados de que enfrentan un juicio ante el Tribunal Superior Electoral (TSE). Tienen siete días laborales, o sea hasta el lunes 15, para presentar su defensa. Los dos fueron denunciados por el Partido de la Social Democracia Brasileña, el mismo PSDB del ex presidente Fernando Henrique Cardoso.
Principal partido de oposición, el PSDB perdió cuatro elecciones presidenciales consecutivas frente al Partido de los Trabajadores, el PT, de Luiz Inacio Lula da Silva y Dilma Rousseff en 2002, 2006, 2010 y 2014. Pero esta última derrota, cuando su candidato era el actual senador Aécio Neves, se transformó en una espina en la garganta del partido, que se niega por todos los medios a aceptar el resultado de las urnas.
La denuncia dice que la candidatura Dilma Rousseff-Michel Temer cometió una serie de crímenes electorales: gastó más de lo que informó oficialmente al TSE, recibió donaciones de entidades sindicales, además de recursos provenientes de grandes constructoras involucradas en el esquema de corrupción detectado en la estatal Petrobras.
Dilma, siempre según la denuncia de los inconformes derrotados, practicó otras ilegalidades, como haber aprovechado pronunciamientos públicos por cadena de radio y televisión para anunciar iniciativas de su gobierno (propaganda indebida), e irregularidades como manipular índices económico-sociales mintiendo al electorado. Por tal razón, pide el PSDB que la fórmula Dilma Rousseff-Miguel Temer, del principal aliado del PT en el gobierno, el PMDB, sea directamente impugnada y que, una vez apartados de sus respectivos mandatos, el Tribunal Superior Electoral determine que el nuevo presidente será Aécio Neves, y el nuevo vice, Aloysio Nunes Ferreira.
Sería la manera más clara y frontal de ignorar la decisión de 54 millones de electores, que por una diferencia cercana a los cuatro puntos decidieron que la presidencia era de Rousseff.
La causa fue abierta por el PSDB en el TSE en diciembre de 2014, poco más de un mes después de la segunda vuelta de las votaciones que confirmaron la victoria de Dilma. En febrero de 2015, tan pronto terminó el receso judiciario, el TSE decidió archivar el proceso por falta de pruebas y de base en la argumentación de los denunciantes. Sin embargo, ocho meses después, en octubre del año pasado, el mismo pleno del TSE decidió aceptar indicios presentados luego del archivamiento del juicio y reabrir la causa.
La presión del PSDB para que la reapertura fuera aceptada en el TSE contó con un fuerte aliado, el magistrado Gilmar Mender, que igualmente integra el Supremo Tribunal Federal, máxima corte del país, y que es un abierto y declarado adversario del PT.
Esa iniciativa, extemporánea y arbitraria en opinión de la mayoría de los juristas brasileños, responde a un movimiento clarísimo de Aécio Neves y del PSDB: al ver cómo disminuyeron clara y sensiblemente las posibilidades de que el juicio político abierto en el Congreso, cuyo objetivo es el de un golpe institucional que destituya a Dilma de la presidencia, la salida para el inconformado derrotado ha sido apelar a las autoridades electorales.
La verdad es que, en esta época de investigaciones llevadas a cabo por una policía federal claramente comprometida con sectores que determinaron que la prioridad máxima del país es deshacer la imagen de Lula da Silva y de su PT, arrollando de paso a Dilma Rousseff, y amparadas por un juez de primera instancia decidido a pasar a la historia nacional como un paladín justiciero, una iniciativa como la del TSE no hace más que complicar un panorama ya bastante turbio y confuso.
El Tribunal Superior Electoral tiene a su favor el argumento de que no hizo más que seguir los protocolos y las reglas de la legislación. Ahora le toca al PSDB presentar testigos y pruebas, y a Rousseff y su vicepresidente presentar su defensa. Tanto interlocutores de la presidenta como personas allegadas a Fernando Henrique Cardoso admiten, a media voz, que la posibilidad de que el TSE se decida por impugnar los resultados de las elecciones de 2014 son ínfimas. Si se decide por tal salida, le tocará a Rousseff y su vicepresidente recurrir al Supremo Tribunal Federal.
El argumento del PSDB es, en última instancia, una falacia. Defiende que las donaciones de las mismas constructoras a la campaña de su frustrado candidato fueron legales, mientras las dirigidas a la campaña de Dilma Roussef fueron resultado de presiones y corrupciones sobre las mismísimas constructoras.
Los grandes medios de comunicación reiteran hasta el cansancio el mismo argumento de los denunciantes: el PT presionaba a los que tenían contratos con Petrobras, mientras el PSDB no tenía ninguna influencia sobre los contratos de la estatal de petróleo. Se olvidan, claro, de que las empresas acusadas ejecutaban obras millonarias en los gobiernos de estados controlados por el PSDB, como São Paulo y Minas Gerais.
Si los plazos son respetados y el proceso corre en ritmo máximo, se tendrá una determinación a finales de marzo. Sin embargo, si se observa la histórica lentitud de la justicia brasileña, el asunto puede arrastrarse por muchos meses más. Analistas critican la iniciativa del derrotado PSDB, con el argumento de que además de vacía, la denuncia no tiene otro objetivo que empantanar aún más a un gobierno ya empantanado.
Por si todo eso fuera poco, también este jueves se supo que la policía federal está investigando al ex presidente Lula da Silva, porque estaría involucrado en un esquema para aprobar medidas provisionales
, o sea, decretos de emergencia, para favorecer a determinados sectores del empresariado, a cambio de coimas y propinas.
Se olvidan, los de la policía federal, de que las denuncias se refieren a medidas adoptadas cuando Lula ya no era presidente.
