Madrid.

La justicia española seguirá investigando los supuestos delitos en que habría incurrido el ex presidente nacional del PRI y ex gobernador de Coahuila Humberto Moreira, a quien la Fiscalía Anticorrupción acusó de blanqueo de capitales, malversación de fondos públicos, cohecho y asociación de malhechores.

El juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, dictó una providencia la tarde de ayer en la que decidió devolver el pasaporte al político mexicano, acordó mantener el secreto de sumario al menos hasta el próximo 2 de marzo y continuar la investigación hasta que se cierren todas las líneas abiertas por la fiscalía.

Antes de las tres de la tarde, Moreira acudió solo a la Audiencia Nacional a recoger su pasaporte, que le fue retirado el pasado 15 de enero, cuando fue detenido en el aeropuerto de Madrid-Barajas.

Al salir del juzgado, con su documento en la mano, se negó a declarar ante la prensa, salvo un escueto: Soy libre y tengo mi pasaporte. Estoy muy tranquilo y muy en paz.

Los abogados de Moreira también se negaron a hacer algún comentario y siguen en espera de los siguientes pasos que den los dos fiscales del caso, José Grinda y Juan José Rosa, quienes dirigieron la investigación contra el político mexicano y fueron responsables de recabar pruebas y testimonios para presentar la acusación por los cuatro delitos mencionados.

Los fiscales españoles vigilaron y ordenaron grabar las conversaciones telefónicas de Moreira durante año y medio, sobre todo cuando cambió su residencia a Barcelona, en 2013, y justo después del asesinato de su hijo, José Eduardo, perpetrado por sicarios de Los Zetas.

Los fiscales españoles detectaron entonces que Moreira transfirió casi 200 mil euros (4 millones de pesos) de México a España por medio de dos empresas propiedad del ex presidente del PRI. A partir de esas transacciones financieras se construyó la causa por el supuesto delito de blanqueo de capitales.

Después los investigadores españoles, con base en las pruebas que supuestamente habían recabado, que aún son secretas en el sumario, y en los testimonios del testigo protegido en Estados Unidos Rolando González Treviño, supuesto prestanombres de Moreira, construyeron la acusación de asociación de malhechores y señalaron al ex gobernador de Coahuila de tener vínculos con el grupo criminal Los Zetas.

Moreira rechazó ante el magistrado cualquier implicación con Los Zetas y acusó a integrantes de ese cártel de asesinar a su hijo. Además, sus abogados entregaron una caja repleta de documentos, facturas y recibos en los que probaron la legalidad del dinero que recibió Moreira durante su estancia en Barcelona.

El pasado 22 de enero, el juez Pedraz ordenó la libertad sin fianza de Moreira, después de que éste pasó una semana en la prisión de alta seguridad de Soto del Real, y decretó como medida cautelar la retirada del pasaporte al menos hasta que venciera el plazo para que la fiscalía recurriera la medida.

El pasado 29 de enero, la fiscalía española informó en un comunicado que no iba a recurrir la medida y, por tanto, daba vía libre al juez para devolver el pasaporte y permitir al político mexicano salir de España. Y, de acuerdo con el cauce habitual en los procesos, archivar la causa.

El juez español se limitó a devolver el pasaporte y dar libertad de movimiento a Moreira, pero decidió mantener el secreto de sumario hasta el próximo 2 de marzo y continuar las investigaciones. La causa sigue abierta al menos hasta que el juez decida archivarla.