Revoca fallo de un juez de internarlos en el penal del Campo Militar número 1
Miércoles 3 de febrero de 2016, p. 6
El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ayer dio la razón a un juzgado castrense y a la Dirección General de Justicia Militar, que se negaron a acatar la decisión de un juzgado federal al imponer sus razones para no regresar a la prisión del Campo Militar número uno a dos soldados acusados de delitos contra la salud.
Con el argumento de que la sentencia de amparo era imposible de ejecutar –el juzgado tercero de distrito concedió un amparo a los soldados para dejar la prisión federal Oriente, de Villa Aldama, Veracruz, y regresar al penal castrense–, por unanimidad los ministros dieron la razón a las autoridades de la Secretaría de la Defensa Nacional al dejar sin materia un recurso de inejecución de sentencia en el que los quejosos buscaban que se cumpliera el amparo a su favor.
Los soldados demandaron la ilegalidad de su traslado de penal y el juez federal ordenó dejar sin efecto los oficios ST-SPC-GRS-45093 y ST-SPC-GRS-45101, en los que el mando castrense ordenó la acción y determinó que los militares fueran reingresados a la prisión del Campo Militar número uno.
Además, el juez federal determinó que si la autoridad responsable insistía en ordenar el traslado de los quejosos, debería acudir ante la juez militar para que ésta autorizara la orden de traslado, debiendo cumplir los requisitos de fundamentación y motivación que señala la Constitución.
Inconforme, el director general de Justicia Militar impugnó la decisión, la cual fue ratificada por un tribunal colegiado.
Las autoridades militares respondieron que no podían cumplir la sentencia, porque los oficios de traslado habían quedado sin efecto (ya habían cambiado de prisión a los soldados), además de que había imposibilidad jurídica para reingresarlos a la prisión castrense, porque la juez tercera militar ordenó que los procesados continuaran recluidos
en la prisión federal, y señaló que no tenía facultades para trasladar a los quejosos a una prisión militar.
Los ministros avalaron las acciones de la justicia castrense, por lo que los acusados seguirán en el penal federal.