Tras casi cinco meses de investigación, la Secretaría de la Función Pública (SFP) determinó inhabilitar por diez años –y en algunos casos destituir– a seis funcionarios involucrados en omisiones o responsabilidades durante la fuga de Joaquín El Chapo Guzmán Loera del penal de alta seguridad del Altiplano. El titular de la dependencia, Virgilio Andrade, precisó además que no se han realizado indagatorias sobre otros funcionarios de la Secretaría de Gobernación (SG).

Andrade dijo que las sanciones corresponden a responsabilidades de orden administrativo en ese episodio, con independencia de las consecuencias penales. Interrogado acerca de si la investigación llegó a Monte Alejandro Rubido, entonces comisionado nacional de Seguridad, Andrade dijo que las conclusiones llegaron sólo a los seis funcionarios sancionados.

Al desglosar las responsabilidades, el funcionario federal explicó que a quien al momento de la fuga fungía como coordinadora general de Centros Federales de Readaptación Social, Celina Oseguera Parra, se le inhabilita por diez años por violaciones a la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, al Reglamento del Órgano Administrativo, Prevención y Readaptación Social, al Manual de Estímulos y Correcciones Disciplinarios de los Centros Federales de Readaptación Social y al Manual de Organización General del Órgano Administrativo Desconcentrado.

Tras precisar que diez años es la máxima sanción administrativa, el secretario subrayó que las imputaciones fueron: no haber presentado un proyecto de presupuesto de 2014 y 2015 para mantener en funcionamiento los sistemas de seguridad; omitió coordinar, supervisar y evaluar acciones que optimizaran el penal en materia de seguridad, además de que celebró una reunión extraordinaria el 31 de diciembre de 2014, para aprobar la entrega de un televisor a Guzmán Loera.

A Leonor García García, entonces directora técnica y titular del área jurídica del Penal Federal del Altiplano, se le destituye y se le inhabilita por diez años, pues no declaró el estado de alerta máxima cuando tuvo conocimiento de los hechos, lo que implica violar las mismas disposiciones que Oseguera.

Por lo que hace al director de la cárcel de máxima seguridad, Valentín Cárdenas, se le inhabilita diez años porque omitió establecer la coordinación con las fuerzas de seguridad en el tiempo que lo debió de haber realizado; omitió también activar a tiempo el código rojo que correspondía para estos casos, y por los problemas con la visualización del monitor; asimismo, se considera que hubo abuso de su cargo por participar en la sesión del 31 de diciembre en donde se aprobó el uso de determinados bienes a favor de Guzmán Loera.

También fueron inhabilitados diez años Roberto Cruz Bernal, supervisor penitenciario, por no actuar con prontitud para activar el código rojo, omitir la vigilancia permanente en el área que le correspondía sin dejar a alguien que cubriera su ausencia y avisar de la evasión del interno.

Esteban Estrada y Juan Ignacio Cuarenta, oficial y supervisor penitenciario, respectivamente, fueron sancionados por razones similares en el grado de su responsabilidad, se informó.