a fotografía de la pasada campaña electoral, en la cual Miguel Ángel Yunes Linares, candidato de los partidos Acción Nacional (PAN) y de la Revolución Democrática (PRD) a la gubernatura, aparece al lado de Francisco Colorado, empresario ligado a Los Zetas, y la del diputado priísta por Cosamaloapan, Tarek Abdalá Saad, con Francisco Navarrete Serna, presunto jefe del Cártel Jalisco nueva generación en Tierra Blanca, son un barrunto de una vena indeseable de la política: la eventual penetración de dinero y relaciones peligrosas con el crimen organizado.

En el caso de Yunes Linares la asociación con Pancho Colorado no llegó a más que el escándalo y posteriores declaraciones del empresario recluido en Estados Unidos, donde ha reivindicado su relación con el diputado federal con licencia quien, no obstante, pudo participar sin mayores problemas en la anterior elección.

Pero la condición de ex tesorero de Abdalá genera un matiz distinto, dada la conjunción de sucesos asociados al repunte de la actividad delictiva en la zona centro del estado: la desaparición de cinco jóvenes entregados a narcotraficantes por policías municipales de Tierra Blanca, el supuesto montaje de la captura de Navarrete Serna y la supuesta inocencia de éste.

Este asunto ha ventilado que Abdalá es uno más de los nuevos ricos del sexenio y enfrenta al menos cinco denuncias ante la Procuraduría General de la República (PGR) por malversación de mil 600 millones de pesos y por presunto cobro de sobornos a constructores y otros empresarios.

De él se ha desmarcado el coordinador de la fracción priísta en San Lázaro, César Camacho, quien recomienda que la PGR lo investigue a fondo. Sus pares del PAN y PRD han demandadso su renuncia y la bancada panista en el Senado ya solicitó su desafuero.

En cuanto a Abdalá Saad, por más que se deslinde y asegure que no conoce al presunto jefe del crimen organizado en Tierra Blanca, padece el mismo síntoma que distingue a este gobierno: nadie le cree.