ese a que los activistas opositores a la destrucción del manglar Tajamar, en Quintana Roo, han conseguido tres suspensiones provisionales en otros tantos juzgados de distrito de Cancún, los trabajos de desmonte de manglar continúan, según informó ayer el Grupo Ecologista del Mayab en conferencia de prensa realizada en la delegación local de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente. Allí, la presidenta de la organización, Araceli Domínguez Rodríguez, entregó cerca de un millar de denuncias.

La falta de efecto de los amparos mencionados ilustra que los intereses empresariales protegidos por complicidades políticas en la administración pública ostentan una exasperante capacidad de actuar en frontal violación del marco legal, incluso si este es periódicamente amoldado a los intereses de consorcios inmobiliarios como el que ahora lleva a cabo la destrucción ambiental en Tajamar.

Un aspecto particularmente indignante de este episodio es la elusión de responsabilidades entre instancias gubernamentales, particularmente las secretarías de Turismo y de Medio Ambiente y Recursos Naturales, así como entre instancias de los tres niveles de gobierno e incluso entre tres administraciones sexenales. Pero incluso en los laberintos institucionales en los que se cobijan los negocios a costa del entorno es posible detectar responsabilidades y omisiones de funcionarios y ex funcionarios que, sin embargo, permanecen impunes.

Por lo que puede verse, a pesar de las numerosas protestas oficiales de compromiso con los asuntos ambientales, en esa materia existe un vacío de poder, o bien una pasmosa falta de voluntad política para poner freno al agudo deterioro ecológico que experimentan amplias zonas del territorio nacional.

Ejemplo de tal deterioro es la pérdida del 55 por ciento de los manglares quintanarroenses en sólo cuatro décadas a consecuencia de los desarrollos inmobiliarios y turísticos en la entidad, hecho documentado el lunes pasado en estas páginas.

La destrucción del manglar Tajamar debe ser frenada de inmediato, no sólo por consideraciones ambientales sino también por un elemental respeto a la legalidad. Más aún, el gobierno federal tiene en esta ocasión la oportunidad de efectuar un deslinde inequívoco con respecto a la complacencia de los gobiernos anteriores para con los depredadores ecológicos. Y ello implica no sólo detener las obras en curso por medio de un acto de autoridad jurídicamente fundamentado sino también revisar las responsabilidades y los presuntos delitos que se acumulan tras las autorizaciones oficiales que han hecho posible la afectación, y actuar en consecuencia.