La iniciativa de ley de desaparición forzada, enviada por el presidente Enrique Peña Nieto al Senado en diciembre pasado, carece de elementos básicos para localizar a personas ausentes y castigar a los perpetradores, además de que contiene diversas disposiciones que hacen más difícil el proceso cuando están involucrados elementos militares, afirmó la Campaña Nacional contra la Desaparición Forzada.

En un análisis de la iniciativa presidencial, señala que la propuesta no tipifica este delito ni tiene agravantes cuando es cometido contra defensores de derechos humanos, periodistas o luchadores sociales.

No se observa una voluntad real para reconocer ni combatir esta grave violación a los derechos humanos. Es una situación que cada vez más adquiere el perfil de carácter humanitario, dado el creciente número de víctimas directas e indirectas, concluye el análisis.

Incluso, las organizaciones que integran la campaña advierten que ha sido precisamente la impunidad el factor esencial para que las desapariciones forzadas hayan pasado de ser una práctica dirigida para contener o eliminar la disidencia política, a ser una estrategia que afecta a amplios sectores de la sociedad, entre los cuales siguen encontrándose luchadores sociales y personas defensoras de los derechos humanos, pero también jóvenes, mujeres y migrantes.

El documento con las observaciones, el cual será entregado en breve al Poder Legislativo, advierte que la iniciativa presidencial no recoge la gravedad de este fenómeno, en el que diversas instancias han señalado que las desapariciones se cometen de manera generalizada, y donde las víctimas se cuentan por miles. Destaca que entre estas víctimas están 134 luchadores sociales, tan sólo de 2006 a la fecha.

Es necesario hacer hincapié en que la desaparición forzada de personas no es cualquier delito, sino una violación a los derechos humanos y un crimen de lesa humanidad que atenta no sólo contra la víctima directa, sino contra la población en general y que es cometida por el Estado mismo, quien se convierte en violador de sus propios ordenamientos jurídicos y del marco internacional al no garantizar el respeto de las garantías más fundamentales del ser humano, señala.

Dentro de las múltiples observaciones, destacan la conceptualización del delito, donde, eludiendo los estándares internacionales, sólo menciona a servidores públicos como posibles responsables de la comisión de la desaparición forzada, dejando fuera a las fuerzas armadas, militares y demás agentes del Estado que cometen esta violación.

Otra más es la pretensión de coartar el derecho de los familiares de las víctimas a coadyuvar en la investigación con el argumento de una posible obstaculización de la búsqueda, lo cual puede ser utilizado para frenar las exigencias de las familias ante actos que no sean adecuados para lograr una búsqueda eficaz o que la investigación realizada no sea la adecuada.

Los integrantes de la campaña, entre ellos el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos Hasta Encontrarlos y el Comité de Solidaridad y Derechos Humanos Monseñor Romero, lamentaron que, pese a la tardanza en enviar dicha iniciativa al Senado, el Ejecutivo no haya incluido muchas de las propuestas presentadas por los familiares de las víctimas y las diversas organizaciones civiles y de derechos humanos.