Con el llamado a impedir que los partidos políticos y los legisladores secuestren la Asamblea Constituyente y elaboren una carta magna local afín a sus intereses, integrantes de organizaciones civiles pidieron al jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera; al presidente Enrique Peña Nieto y al Congreso de la Unión que tengan altura de miras y no olviden a los actores centrales de todo ese proceso: los ciudadanos.

En una asamblea realizada en la explanada del Palacio de Bellas Artes, en la que participaron representantes de comités vecinales, partidos políticos, asociaciones civiles y ex jefes delegacionales, se pidió que esta lucha histórica de todos los capitalinos no sea robada por unos cuantos políticos y se la lleven a recintos legislativos lujosos, sino que se discuta y se escuche la voz de todos los ciudadanos.

Alejandro Fernández Ramírez, presidente de Parlamento Ciudadano, detalló que en los próximos días no sólo difundirán los pros y contras de lo que es la reforma política, sino que recogerán las propuestas de los capitalinos respecto de lo que debe contener la constitución de la Ciudad de México.

Humberto Morgan Colón, dirigente de Movimiento Civil 21, consideró que es fundamental que los habitantes de la capital tomen en serio la responsabiliedad que les toca en la elaboración de la carta magna local.

El perredista Gilberto Ensástiga Santiago rechazó que dicha reforma sea inservible; reconoció que no es suficiente para lo que necesita la población, pero también afirmó que tiene avances importantes, aunque no dejó de subrayar los retrocesos que también conlleva.

En otro foro, el titular de la Secretaría de Finanzas de esta ciudad, Édgar Amador Zamora, dijo que instalarán un consejo interinstitucional que se encargue de definir los costos que tendrá la reforma política.

Dijo que el propósito es que los gastos que implica la reforma se cubran a gastos compensados, es decir, con el presupuesto ya existente en las distintas áreas de gobierno involucradas, y estimó que no se erogará mucho en esta tarea, pues a diferencia de la reforma penal, en la política no se requerirá de nueva infraestructura.