La migración de niños no acompañados y los menores involucrados en algún delito son algunos de los retos para la recién creada Procuraduría Federal de Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, reconoció en entrevista el director de representación jurídica de esa dependencia, Jorge Antonio Becerra Andrade.

En 2014 se iniciaron 39 mil 766 procesos judiciales que involucraron a adolescentes. Mil 129 más que en 2010, según datos de la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim). Y hasta septiembre del año pasado, el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) había atendido a más de 12 mil pequeños inmigrantes, de acuerdo con información de ese organismo.

Esto es un parteaguas, la protección de la infancia deja de ser asistencialista y ahora se debe a ver a los pequeños como titulares de derechos, aseveró Becerra Andrade al referirse a la creación de la ley general para niños y adolescentes, en 2014, y de la procuraduría federal, en 2015.

Y bajo el enfoque de los derechos de los menores la procuraduría federal de protección deberá abordar desafíos como el de los menores narcoexplotados. Estimaciones de la Redim señalan que entre 25 mil y 35 mil son utilizados por el crimen organizado como informantes, sicarios o fabricantes de drogas.

Hablamos de niños que han sido arrastrados, que son víctimas de esa situación, consideró el funcionario. El enfoque principal para abordar ese tema es vigilar que no se vulneren sus derechos. Tenemos la obligación de otorgarles la representación jurídica en suplencia o coadyuvancia, en el caso de que estén involucrados en procedimientos judiciales o administrativos.

La procuraduría, que depende del DIF nacional, tiene que vigilar que, si se le sigue un juicio o una investigación por algún delito que pudiera haber cometido, no violen sus derechos, y si fuera el caso, hacer que se los restituyan, no dejarlo en estado de indefensión.

El caso de los niños migrantes no acompañados es un reto muy grande, en el que comienzan a trabajar. La mayoría proviene de Guatemala, Honduras y El Salvador, informó.

Mientras los pequeños de esos dos últimos países huyen principalmente de la violencia criminal, los guatemaltecos escapan sobre todo de las agresiones familiares, detalló.

Esos menores que viajan a México sin documentos necesitan espacios adecuados, porque no puede permanecer en delegaciones migratorias, diseñadas para adultos. Debe ser llevados a centros asistenciales, estamos designando a los abogados para regular su situación migratoria.

Sin embargo, admitió, no cuentan con la estructura para atenderlos, por ello recurrirán a los sistemas DIF estatales.