Trabajadores de grandes cadenas comerciales, restaurantes, hoteles, escuelas privadas, prestadores de servicios, panaderías, pequeños y medianos negocios y maquiladoras, entre muchos otros gremios, están bajo contratos colectivos de protección patronal, pues ya son mayoría los sindicatos blancos también conocidos como fantasma, en los que seudodirigentes cobran igualas mensuales a las empresas para fingir una representación y evitarles huelgas.

El esquema de los contratos colectivos de protección se asentó en México hace siete décadas, y ha crecido de tal forma que ya son mayoría los trabajadores que se encuentran bajo este régimen, mientras conforman una minoría los que pertenecen a sindicatos independientes.

Un análisis de la organización Friedrich Ebert, elaborado por el abogado laboral Carlos de Buen Unna, señala lo anterior y precisa que dichos contratos son operados como ‘‘negocios a largo plazo’’ por familias enteras de falsos líderes, que tienen el registro de diversos sindicatos fantasmas, que no conocen los trabajadores, ya que se ‘‘arreglan’’ directamente con los patrones. Además, ‘‘sus liderazgos los heredan de padres a hijos, a nietos, a esposas’’, que eventualmente siguen cobrando a las empresas.

Organismos de protección

El informe, titulado Los contratos colectivos de protección patronal en México, también hace referencia a que hay un sinnúmero de despachos de abogados patronales que también ‘‘administran’’ sindicatos blancos y cobran por este servicio de protección.

De esta forma, hay organizaciones que detentan y usufructúan decenas de contratos. Por ejemplo, en esta ciudad tan sólo el llamado Sindicato Nacional de Trabajadores de la Actividad Comercial y sus Derivados tiene 71 contratos colectivos (en su mayoría de cadenas comerciales); el Sindicato Fraternal de Obreros, Empleados de Casas Comerciales, Agentes de Ventas, Escuelas y Oficinas Particulares en el Distrito Federal tiene otros 50 contratos. El Sindicato de Trabajadores de la Construcción, Excavación, Similares y Conexos tiene el registro de 85.

Tal información está contenida en una investigación que sobre la contratación colectiva en el Distrito Federal coordinó el abogado Alfonso Bouzas. En ella se enlistan los nombres de personas que tienen el mayor número de estas supuestas representaciones sindicales. Detalla que, por ejemplo, Amado Becerra tiene la representación de 392 contratos colectivos, supuestamente afiliados a la Confederación de Trabajadores de México; Jorge Guillermo García Guadarrama, 251; Marco Antonio Morales Yañez, 268, y Rubén Romo Martínez, lidera y tiene el registro de 945 contratos colectivos.

Todo un récord, sobre todo porque no son conocidos y no se sabe cómo obtuvieron tantos registros de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS).

El análisis coordinado por Bouzas –en el que participaron Luis Oliver Reyes y Mario Vega, expertos en derecho laboral– indica que la contratación colectiva ha dejado de ser una expresión de lucha sindical y se ha convertido en un mecanismo de control.

Indica que bajo ese sistema se encuentran los trabajadores de la mayor parte de las grandes cadenas comerciales, hoteles, empresas de servicio, panaderías, etcétera, y que ‘‘la contratación colectiva en el Distrito Federal se encuentra en pocas manos y entre éstas hay personas perfectamente identificables como Ramón Gámez. Incluso en años recientes estos personajes han optado por formar sus propias centrales…’’

Lo más grave, añade, es que este tipo de sindicalismo ha liquidado la negociación real de los trabajadores, institucionalizando a los sindicatos y terminado con las auténticas luchas gremiales, ‘‘todo ello en un escenario en el que la paz social ha fungido como justificación’’.