La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) no ha revocado el permiso ambiental al Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) para el Malecón Tajamar, aunque tiene la capacidad para hacerlo, sostuvo Juan Carlos Cantú, de Defenders of Wildlife.

Ante la devastación de al menos 22 hectáreas de manglar en la laguna de Tajamar en Cancún, recordó casos en los cuales la Semarnat ha cancelado autorizaciones de manifestación de impacto ambiental; uno de los casos más sonados es el proyecto turístico en Cabo Pulmo, en Baja California Sur.

La revocación del permiso al proyecto es impulsada por organizaciones ambientalistas que piden la medida ante el incumplimiento de las condiciones impuestas por Semarnat a Fonatur y para frenar el daño ambiental que se está ocasionando en la laguna Tajamar. En un comunicado plantearon que una de las condiciones que la dependencia determinó fue el rescate de fauna, la cual no se realizó.

El titular de la Semarnat, Rafael Pacchiano, militante del PVEM y diputado por este partido en la 61 Legislatura, está al frente de la dependencia desde agosto pasado. La secretaría justificó el miércoles a Fonatur por la tala con el argumento de que cuenta con permisos otorgados en 2005 por un funcionario, Ricardo Juárez –entonces director general de impacto y riesgo ambiental–, quien fue inhabilitado por la entrega de autorizaciones irregulares, agregó Cantú.

En entrevista, recordó que el cambio a la Ley General de Vida Silvestre que se hizo en 2007 fue a partir de una iniciativa del Partido Verde, que ahora ni siquiera defiende sus reformas.

Agregó que la autorización para el Malecón Tajamar que se dio en aquel momento era no sólo irregular, sino es que ilegal. La Semarnat puede revocar sus propios permisos.

El 80 por ciento de los hoteles en Cancún se construyeron sobre manglares, casi todos los desarrollos turísticos se hicieron así. Por eso leyes y normas se fueron modificando para proteger al manglar. Quintana Roo siempre ha sido el foco ambiental en todo el país, por la destrucción de esta vegetación.

El Centro Mexicano de Derecho Ambiental, Conarino y Greenpeace pidieron a la Profepa realizar un peritaje en el predio y actuar de manera rápida para proceder con las sanciones correspondientes. De ser necesario, dijeron, debe dar vista al Ministerio Público por la posible comisión de delitos ambientales y pidieron que se dé cumplimiento efectivo a la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental.