Buenos Aires.

De nueva provocación fue calificada la decisión del presidente de la Cámara de Diputados, Emilio Monzó, de la derechista Propuesta Republicana (PRO), quien ordenó la madrugada de este jueves usurpar de forma ilegal la oficina del diputado Máximo Kirchner, del Frente para la Victoria, en el recinto, y colocar una cinta de clausura y una guardia de seguridad en cada puerta para impedir el ingreso.

Cada bloque de diputados tiene un sector determinado y a Máximo Kirchner (hijo de los ex presidentes Néstor Kirchner y Cristina Fernández), diputado nacional por la provincia de Santa Cruz, se le asignó oficina en diciembre pasado.

El Frente para la Victoria denunció que no permitieron retirar herramientas de trabajo de los empleados que realizaban tareas de mantenimiento en el despacho. También rechazó la versión de que hubieran intentado entrar o violentar la oficina de Kirchner, al recalcar que este es otro hecho de violencia, que no tiene registro en la historia del Congreso.

Por otra parte, mientras continúan los despidos en la Cámara de Diputados, la cancillería, el Ministerio de Justicia y otros entes estatales, los trabajadores de los Centros de Acceso a la Justicia (CAJ) afirmaron: hemos asistido a un embate más del gobierno de la alianza Cambiemos contra este organismo. Esta vez son los CAJ y los profesionales trabajadores, que están siendo despedidos, destrozando una política pública que ha dado excelentes resultados para mejorar el acceso a derechos de todos y todas, denunciaron dirigentes de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE). Agregaron que el achicamiento del Estado que lleva a cabo el gobierno de Macri, vuelve a impactar en las políticas públicas que había desarrollado el gobierno anterior durante los últimos 12 años, al recordar que desde 2010 los CAJ han atendido un millón 437 mil 457 consultas, lo que significa un incremento de 87 por ciento en su capacidad de atención original.

Miles de trabajadores petroleros se concentraron este jueves en Comodoro Rivadavia, en la provincia sureña de Chubut, para exigir al gobierno de Mauricio Macri estabilidad laboral y protección a la industria nacional, y anunciaron que si no dan respuesta a la situación el próximo martes realizarán paro nacional y no habrá ni petróleo ni gas.

La situación para los petroleros es grave, ya que en principio podrían ser despedidos unos 5 mil trabajadores. El titular del gremio de Petroleros Privados, Jorge Ávila, rechazó la advertencia del gobierno de quitar los subsidios y el apoyo al sector y ordenar la importación de hidrocarburos.

Según informa el portal Minuto Uno, Ávila declaró que ante cualquier crisis siempre los perjudicados somos los trabajadores. Este pueblo es pacifista y trabajador, pero no se metan con sus familias ni con sus intereses, porque nos van a encontrar unidos.

En la asamblea convocada por el sindicato con la presencia de más de 20 mil trabajadores y familias, se discutió la situación y la decisión de un paro general de 24 horas si no hay respuestas, en referencia a que no hubo acuerdo el miércoles en la reunión en la Casa Rosada entre los ministros del Interior y Energía, Rogelio Frigerio, y Juan José Aranguren, con el gobernador de Chubut, Mario Das Neves, y el titular del sindicato, Jorge Ávila.