Cuernavaca, Mor.

El gobernador Graco Ramírez adjudicó de manera directa la construcción, en 2013, del estadio de futbol Agustín Coruco Díaz, que costó 487 millones de pesos, y con ello violó la Constitución estatal y la Ley de Egresos, que sólo permiten asignar de ese modo obras con valor menor a 6.5 millones de pesos, denunció Gerardo Becerra, vocero de la Coordinadora Morelense de Movimientos Ciudadanos (CMMC).

Esta violación flagrante de las leyes está sustentada en el contrato de obra pública del estadio, ubicado en el municipio de Zacatepec, dijo el inconforme, quien el mediodía de ayer entregó dicho documento al Congreso local como una prueba más que avala la solicitud de juicio político presentada el pasado 18 de noviembre contra el mandatario estatal.

El vocero aseguró que sólo este contrato bastaría para que el gobernador y su secretaria de Obras Públicas, Patricia Izquierdo Medina, fueran suspendidos y puestos a disposición de las autoridades.

El empresario Gerardo Becerra sostuvo que otra irregularidad del contrato –del cual tiene copia La Jornada– es que que no presenta la firma del contralor, que por ley debe estar enterado sobre la adjudicación de obras públicas directas o licitadas.

Las empresas beneficiadas con este proyecto son el Grupo Sepsa y Aypp Constructores, de Puebla. Esta última fue la que obtuvo la mayoría de los recursos, según Becerra, por la relación de amistad entre los empresarios y el gobernador perredista.

Al entregar la información a los diputados locales, el dirigente de la CMMC les demandó que resuelvan cuanto antes la solicitud de juicio político en contra del mandatario estatal, acusado del desvío de mil 800 millones de pesos de un crédito de 2 mil 806 millones que aprobó la Legislatura en 2013.

La organización se manifestó por que la sesión de este jueves sea abierta al público para identificar a los diputados que votan a favor o en contra de llevar a juicio al mandatario.