La Comisión Permanente del Congreso de la Unión declaró ayer la constitucionalidad de la reforma política del Distrito Federal, con lo cual esta localidad se convertirá en el estado 32 y cambiará su nombre oficial al de Ciudad de México cuando el presidente Enrique Peña promulgue el decreto.

La declaratoria tuvo lugar en el Palacio Legislativo de San Lázaro, donde se informó que 23 congresos estatales avalaron las modificaciones jurídicas, mismas que fueron calificadas por partidos de oposición de un avance, aunque se quedaron cortas.

Frente al jefe de Gobierno de la ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, los partidos Morena y del Trabajo cuestionaron que 40 por ciento de los diputados a la asamblea constituyente, cuyo objetivo es expedir la constitución del nuevo estado, serán designados por la cámaras del Congreso, el presidente de la República y el gobernante capitalino, mientras sólo 60 por ciento serán electos por los ciudadanos.

Miguel Barbosa, coordinador del PRD en la Cámara de Senadores, resaltó de esta manera los cambios que habrá: Adiós, Distrito Federal; bienvenida, Ciudad de México. Ello ante los dirigentes nacional y capitalino de su partido, Agustín Basave y Raúl Flores, respectivamente, así como consejeros electorales locales, miembros del gabinete de Mancera, y Porfirio Muñoz Ledo, uno de los principales impulsores de la reforma.

Reconoció que algunas voces consideran insuficiente la modificación legislativa, pero enfatizó que se avanza hasta donde los acuerdos y la buena política permiten llegar.

También promotor de la reforma política, dijo que sería altamente saludable para el proceso de creación de la constitución que el Presidente y el jefe de Gobierno designaran como sus respectivos representantes a voces que aporten a la construcción de un pacto social en la ciudad, no a incondicionales. Por lo que hace a los partidos políticos, pidió abrir sus listas de candidatos a ciudadanos que contribuyan al debate y no sujetarse sólo a sus cuadros partidarios.

Si bien recordó que el jefe de Gobierno elaborará y enviará el proyecto constitucional a la asamblea constituyente, destacó que ello no implica ninguna limitación para que la población participe en la definición del documento.

Por el PAN fijó postura la senadora Mariana Gómez del Campo, quien puntualizó que la reforma se quedó corta, ya que no transformará radicalmente a la ciudad de México, no dota de verdadera autonomía a las delegaciones, no convierte a los alcaldes en figuras de gobierno más fuertes y con mayor capacidad de decisión, y tampoco rompe la dinámica laboral que provoca una muy baja productividad de la burocracia capitalina.

Justificó el voto aprobatorio de su partido con el señalamiento de que las modificaciones legislativas constituyen un paso para terminar con el aislamiento político y el retraso que ha sufrido el Distrito Federal en 191 años de existencia.

Las senadoras Martha Palafox (PT) y Martha Ángelica Tagle (independiente), así como la diputada de Morena Norma Rocío Nahle, criticaron el mecanismo de integración de la asamblea. La segunda demandó que en la formación de esa instancia se cumpla con la paridad de género.

Solicitó al jefe de Gobierno capitalino que consulte a la ciudadanía el proyecto de carta magna antes de que lo envíe a la asamblea, mientras Nahle aseveró que se perdió la oportunidad de hacer bien las cosas.

Jesús Zambrano, presidente de la Comisión Permanente, y el senador Enrique Burgos, del PRI, celebraron el cambio jurídico. El primero dijo que se dejan atrás casi siete décadas de concentración del poder de la autoridad federal en el Departamento (hoy Gobierno) del Distrito Federal y en las delegaciones.

El priísta indicó que las modificaciones son punto de llegada y de partida, pues se arriba a una nueva generación de instituciones políticas y de gobierno y se habrá de generar un nuevo régimen constitucional.