Más de un cien redes y organizaciones civiles y de derechos humanos, así como activistas y expertos, condenaron la dolosa campaña de desprestigio que se ha desatado contra el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), instancia que desde marzo de 2015 coadyuva con el gobierno federal en la investigación de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa.

En un pronunciamiento, en el que respaldan el trabajo del GIEI, advierten que la campaña mediática y política se ha activado conforme se avanza hacia el esclarecimiento de los hechos.

La existencia de dicha campaña es evidente, si se considera la sincronía de los mensajes, el despliegue de recursos económicos y la reiteración de los señalamientos infundados, dice el pronunciamiento.

Aunque hasta ahora los ataques se han centrado en descalificar a las fiscales Ángela María Buitrago y Claudia Paz y Paz, señalándolas falsamente de ser afines a intereses ilegítimos y presentándolas como responsables de una supuesta manipulación de procesos jurídicos en Colombia y Guatemala, es claro que los esfuerzos se dirigen a deslegitimar el trabajo del GIEI en su conjunto y así entorpecer el esclarecimiento del caso, señalan.

Además, las organizaciones firmantes sostienen que en esa campaña no puede soslayarse el hecho de que las descalificaciones se han dirigido contra las dos fiscales mujeres, quienes trabajan de manera estrecha con la Procuraduría General de la República (PGR), para lo cual se han incorporando elementos discriminatorios en razón de género.

Destacan que la campaña coincide con otros obstáculos que han entorpecido el trabajo del GIEI, como la reticencia del gobierno federal a permitir que entrevisten a elementos del 27 batallón de infantería, presentes en diversos escenarios de la agresión y desaparición de los jóvenes normalistas los días 26 y 27 de septiembre de 2014 en la ciudad de Iguala, Guerrero.

Por esa condición, los militares podrían aportar datos relevantes para el esclarecimiento pleno de lo ocurrido, siendo un hecho probado que al menos uno de ellos fungió como pasivo testigo presencial de la agresión contra los normalistas.

El respaldo público al GIEI y la eliminación de los obstáculos que impiden la realización de su mandato son un paso obligado para demostrar que el gobierno de Enrique Peña Nieto enfrenta con seriedad la grave crisis de violaciones a derechos humanos de México, señala el pronunciamiento firmado por 14 organizaciones civiles, 78 centros y redes defensoras de derechos humanos, y 20 destacados activistas y expertos en la materia.

Entre las organizaciones firmantes están Article 19, Freedom House, Open Society Justice Initiative, el Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, Instituto para la Seguridad y la Democracia, y Servicios y Asesoría para la Paz.

También firman el documento los principales organismos defensores de garantías del país, como la Red Nacional Todos los Derechos para Todas y Todos, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, el Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro y el Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan.

Entre los expertos y activistas están Vladimir Chorny, Luis González Placencia, el obispo Raúl Vera, Ximena Andión y Santiago Corcuera Cabezut, éste último actual integrante del Comité contra las Desaparición Forzada de Naciones Unidas.