Buenos Aires.

Los Gremios aeronáuticos declararon el estado de alerta ante la quiebra de la empresa Sol Líneas Aéreas de capitales locales que dejó 300 trabajadores despedidos después que la nueva presidenta de Aerolíneas Argentinas (AA), Isela Constantiti, dio de baja un acuerdo para vuelos regionales que mantenían con dicha compañía.

En tanto, el secretario general de la asociación de Trabajadores del Estado (ATE-capital) Daniel Catalano, confirmó que fueron despedidos este 420 trabajadores dependientes del Ministerio de Seguridad a cargo de Patricia Bullrich, y denunció que a varios de ellos se los dejará sin empleo "por su militancia política".

"No se sabe a quién se despide en el Estado, porque se despide indiscriminadamente, pero están haciendo eje en donde encuentran lo que ellos llaman militancia estatal", aseveró.

"Este gobierno apunta a desarmar una construcción de años en los sectores de trabajo, van por los trabajadores sindicalizados y de pertenencia partidaria. Están intentando codificar al empleado público", sostuvo y advirtió que el gobierno está persiguiendo a los trabajadores por su militancia a un partido político que no sea el de ellos.

Advirtió que los estatales están "en alerta y movilización" también ante los despidos en el Ministerio de Justicia que anunció otros 600 en las últimas horas “no hay voluntad para solucionar el problema y se bastardea el rol de los estatales".

En el caso de la quiebra de la empresa Aérea Sol todo sucedió tan rápidamente que los pasajeros y tripulantes quedaron varados en distintos puntos del país. Ante esto también la Asociación del Personal Técnico Aeronáutico declaró el "estado de alerta y movilización".

La compañía emitió un comunicado en que responsabilizó a AA de dejarla en "inviabilidad económica” que la hace inoperable. Sol, tenía un convenio de prestaciones de vuelos regionales con AA empresa recuperada por el gobierno de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, en septiembre de 2008, después de haber sido privatizada en los años 90 y prácticamente destruida y descapitalizada por los grupos españoles Iberia y Marsans.

Sol cubría rutas muy importantes en colaboración con AA y el gobernador de Santa Fe, el socialista moderado Miguel Lifschitz, calificó de "lamentable" la decisión del gobierno nacional. "No podemos tener una mirada sólo desde Buenos Aires. Hay que pensar en la necesidad de desarrollo del interior esto es un gran problema para la región, perdemos una línea de bandera local", dijo.

Lifschitz se reunió con el ministro de Transporte de la Nación, Guillermo Dietrich, y la titular de AA, quienes defendieron la rescisión de contrato debido a los números rojos de Sol.

El ex titular de AA, Mariano Recalde afirmó que el acuerdo entre esa empresa estatal y Sol era un excelente negocio para ambas compañías y sostuvo que los funcionarios del gobierno nacional que cerraron el contrato de servicios están mal informados o tienen mala fe" al dar las cifras de supuestas deudas y déficit.

Existía un acuerdo estratégico que servía a todos “y finaliza a raíz de la decisión del ministro macrista, con la excusa de que no era rentable para el Estado", agregó Recalde.

Analistas sobre esta temática advierten que este puede ser el inicio de la reprivatización de Aerolíneas Argentinas y ponen como ejemplo en que el ministro de Transporte Dietrich, utilizó las mismas excusas de no ser renatables" que se usaron durante el gobierno del ex presidente Carlos Menem (1989-1999) para privatizar la empresa, como también muchas otras estatales que fueron vendidas al mejor postor.

En el extremo noroeste la Red de Organizaciones Sociales de Jujuy resolvió mantener la protesta pacífica frente a la casa de gobierno provincial, pese a que el gobernador Gerardo Morales de Cambiemos reiteró la advertencia de que van a perder todo tipo de beneficio si continuaban allí.

No tenemos miedo, dijo la referente de la organización Tupac Amaru, Milagro Sala, a quien Morales acusó de extorsionar y liderar una mafia que le ha robado a la gente.

Sala organizó decenas de cooperativas que han producido trabajo para miles de personas y además es se construyeron la mayor cantidad de viviendas para los sectores más pobres y discriminados. Morales justificó su decisión de retirarle la personería jurídica a la organización Tupac Amaru y consideró como una extorsión el pedido de los cooperativistas para que les entregara el dinero por medio del que funcionan exitosas cooperativas que producen y venden productos del lugar.

No vamos a regalar 16 años de trabajo y militancia, expresó el dirigente Normando Gutiérrez durante la asamblea de la que participaron los cooperativistas que están desde hace un mes frente a la casa de gobierno. La Tupac es un movimiento horizontal en el que las decisiones se toman en asamblea. El gobernador debería revisar sus conceptos, expresaron.

Por otra parte, el titular de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA) Martín Sabbatella logró entrar por unas horas a la sede de esta institución intervenida y cesada por un decreto de Necesidad y Urgencia firmado por el presidente Mauricio Macri la Navidad pasada. Lo hizo en compañía de una juez que logró hacer cumplir resoluciones judiciales que lograron detener por ahora el decreto macrista que es anticonstitucional e ilegal.

Sin embargo, la Cámara de Casación que debe tomar al decisión final, está integrada por jueces, que han favorecido abiertamente al Grupo Clarín, que desde 2009 se negó a cumplir la Ley de Medios gracias “ a sus poderosas amistades judiciales .

Ante esta situación organizaciones de la sociedad civil y universidades públicas nacionales solicitaron este viernes a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y a su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión su intervención para manifestar su preocupación por la situación del país tras la aplicación de los decretos 13, 236 y 267 con los que el Poder Ejecutivo ha puesto en juego estándares internacionales en materia de protección de ese derecho.

Los colectivos, entre los que figura el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y el Foro Argentino de Radios Comunitarias, esperan que la CIDH solicite informes al Estado argentino respecto de una situación que se está agravando, apuntó Diego Morales, director del área de Litigio del CELS, ya que “la suspensión de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual atenta contra los derechos a la información, la comunicación y la libertad de expresión.