El gobierno federal no venderá el nuevo avión presidencial Boeing 787-8 comprado en la administración de Felipe Calderón Hinojosa, el cual llegará a la capital del país en las próximas semanas, informó ayer la Presidencia de la República.

Enajenar la aeronave a una línea comercial implicaría una pérdida de 58 por ciento de su costo de 218.7 millones de dólares, un precio muy atractivo por ser de los primeros aviones de su tipo y haberse comprado a precio de flotilla, según el estudio dispuesto por el presidente Enrique Peña Nieto y elaborado por Ascend Flightglobal Consultancy, empresa internacional especializada en valuación y asesoramiento para la compra y venta de aeronaves.

Datos del Presupuesto de Egresos de la Federación de 2014 ubicaron el precio de la aeronave en 6 mil 547 millones de pesos, pero de acuerdo con información de la Presidencia el costo total, incluyendo ingeniería, instalación de sistemas, adecuaciones de estructura, equipamiento de cabina, certificaciones y un paquete de refacciones fue de 2 mil 952.4 millones de pesos. La operación se pactó en 13.5 pesos por dólar, dado que también se adquirió una cobertura del tipo de cambio, explicó.

Así y ante la pérdida para el erario y a que de todos modos prevalecería la necesidad de renovar el avión presidencial a un tipo de cambio mayor, se determinó conservar la propiedad de la citada aeronave.

En un extenso boletín, la oficina de Los Pinos difundió ayer los antecedentes de la compra, el detalle financiero de la operación, consideraciones de seguridad y funcionalidad, así como las condiciones de añejamiento y obsolescencia del avión Presidente Juárez (Boeing 757), el cual ha volado más de 28 años.

Los presidentes de la nación requieren de un equipo de transportación seguro, confiable y eficiente para el desempeño de sus funciones, de sus equipos de trabajo y de los representantes de medios de comunicación que cubren sus actividades. En promedio, 60 por ciento de los pasajeros de cada vuelo del avión presidencial son periodistas, argumentó la Presidencia.

El nuevo avión se llamará José María Morelos y Pavón. Ha estado implicado en polémica en virtud de un tortuoso proceso de compra. Diversas voces denunciaron sobreprecio, opacidad en su adquisición e incluso la sospecha de que mandos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) en el gobierno de Calderón Hinojosa habrían incurrido en irregularidades en la operación.

Como antecedente de la adquisición se menciona el accidente de helicóptero del 11 de noviembre de 2011, donde murió el entonces secretario de Gobernación Francisco Blake Mora, la tripulación y sus acompañantes. En el Presupuesto de Egresos para el siguiente año, los diputados aprobaron la renovación de las aeronaves asignadas a la Presidencia y de ello se ocuparon las secretarías de la Defensa Nacional y de Hacienda, y en noviembre de 2012 Banobras concretó la compra.

Esta fue por 2 mil 952.4 millones de pesos (13.5 pesos por dólar) y, al mismo tiempo, el banco firmó un contrato de arrendamiento financiero con el gobierno federal a 15 años, luego de los cuales formará parte de los activos de la Sedena. Esa operación permite diferir su pago en el tiempo y con ello reducir el impacto presupuestal en un momento determinado, a fin de no afectar otros rubros del gasto.

En septiembre pasado, y en un contexto de ajuste presupuestal, el presidente Peña ordenó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Pública (SHCP) elaborar un estudio técnico para determinar la conveniencia de vender o mantener el B787-8 para uso del Estado mexicano. En seis consideraciones, el contratado sustentó la segunda opción.

De este modo, el presidente Enrique Peña Nieto realizará la gira de nueve días –a partir de hoy– por cuatro países de la Península Arábiga y Suiza, todavía en la aeronave TP-01 Presidente Juárez.