En México existe una epidemia de desapariciones, alimentada por la incompetencia, inercia e indolencia del gobierno, que se ha preocupado más por dar respuestas políticas coyunturales que por diseñar verdaderas y eficaces políticas públicas articuladas para enfrentar ese fenómeno, afirmó Amnistía Internacional (AI).

Al presentar el informe Un trato indolente. La respuesta del Estado frente a la desaparición de personas en México, la organización internacional de derechos humanos destacó que casi la mitad de las 27 mil 600 personas desaparecidas o no localizadas, de acuerdo con cifras oficiales, se han registrado durante la administración del presidente Enrique Peña Nieto; 3 mil 425 en 2015.

En el documento de 52 páginas AI señala que muchos casos se derivan de detenciones por elementos de la policía o del Ejército, y el hecho de que México carezca de un registro de aprehensiones permite a las autoridades negar toda responsabilidad y lavarse las manos.

Advierte sobre la urgencia de que el Estado mexicano reconozca la magnitud del problema y asuma plenamente su deber de investigar todos los casos de desaparición y desapariciones forzadas ocurridas en el país, y de llevar a los responsables ante la justicia, apegado a las garantías del debido proceso, así como asegurar el acceso a reparaciones integrales del daño para todas las víctimas y sus familiares.

En el informe, AI eligió dos casos emblemáticos que muestran varias facetas de la problemática. Uno, el reportado en años recientes en Ciudad Cuauhtémoc, Chihuahua, donde han desaparecido 351 personas desde 2007. En toda la entidad suman mil 700 las personas desaparecidas.

El otro caso es el de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa, Guerrero.

En México no importa si una desaparición se trata de una situación oculta o es un caso de alto perfil, las autoridades parecen incapaces de dar respuestas sólidas e institucionales que estén encaminadas a encontrar la verdad y garantizar justicia, señala el informe presentado oficialmente ayer en el Museo Memoria y Tolerancia.

Amnistía Internacional señala que la incompetencia que afecta a todo el sistema y la ausencia total de voluntad de las autoridades estatales y federales para investigar la desaparición de miles de personas y buscarlas debidamente alimentan una crisis de derechos humanos de dimensiones epidémicas.

La incesante ola de desapariciones que se ha adueñado de Chihuahua y la irresponsabilidad total con que se está manejando la investigación sobre la desaparición forzada de los 43 estudiantes de Ayotzinapa ponen de manifiesto el desprecio absoluto de las autoridades mexicanas por la dignidad y los derechos humanos, afirmó Erika Guevara-Rosas, directora del programa de Amnistía Internacioal para las Américas.

Destacó que en muchos casos de desapariciones denunciadas la víctima fue vista por última vez cuando era detenida por elementos de la policía o el Ejército. Sin embargo, el gobierno mexicano carece de un registro detallado de detenciones, lo que permite a las autoridades negar toda responsabilidad y lavarse las manos ante la comisión de desapariciones forzadas.

Resultado de una investigación, así como entrevistas y testimonios de familiares de las víctimas, tanto en el caso de Ciudad Cuauhtémoc como en el de Ayotzinapa, AI asevera haber constatado que en ninguno de ellos la búsqueda de las personas desaparecidas ha sido adecuada y bien planeada.

En ambas situaciones, agrega, las autoridades han sido irresponsables en la manera en que manejan la información de los casos.

Además se observa que el trato que las autoridades encargadas de la investigación dan a las familias es deficiente, hiriente y de profundo desinterés.

El informe concluye con 21 recomendaciones al Estado mexicano en el ámbito legislativo, búsqueda de personas desaparecidas e investigación de los hechos, reparación integral del daño y otras medidas de política pública.