Buenos Aires.

El gobierno del empresario derechista Mauricio Macri desconoce al Congreso de Argentina y a la justicia mientras continúa un ajuste brutal que en un mes ha dejado 30 mil desempleados entre trabajadores estatales y privados, denunciaron este jueves distintos organismos que hablan de dictadura encubierta con persecución política y amenazas.

El juez federal porteño Iván Garbarino hizo lugar a la apelación del gobierno contra la precautelar presentada por dos magistrados, que suspendió los decretos que intervinieron y disolvieron la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (Afsca) y modificaron ilegalmente la ley de medios pero rechazó levantar esa medida protectora. El fallo será revisado por la Cámara en lo Civil y Comercial Federal, pero mientras tanto la ley de medios y la Afsca seguirán vigentes.

Sin embargo, el gobierno de Macri decidió aumentar el número de policías en la sede de la Afsca y los escasos trabajadores que quedaban en el lugar fueron desalojados violentamente.

En tanto, continuaron los despidos y prácticamente se clausuró el proyecto de los satélites de comunicación Arzat, los primeros fabricados en Argentina, bajo el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Se anunció que los satélites, que ya orbitan en el espacio, serán entregados a Francia. Nunca hemos visto algo así en el país, señalaron los afectados.

De golpe mortal calificaron los organismos de derechos humanos la fotografía que mostró este jueves al actual secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj, que representa a los sectores ultraderechistas de la comunidad judía argentina, recibiendo a los abogados defensores de los militares juzgados por crímenes de lesa humanidad, mientras continuaba la serie despidos en los que operaron como centros clandestinos de detención y en organismos estatales humanitarios y avanza la intervención en lugares como el Archivo Nacional de la Memoria.

Los abogados de los militares de la pasada dictadura (1976-1983) conformaron el Centro de Estudios Legales sobre el Terrorismo y sus Víctimas, integrado por las víctimas del terrorismo de Argentina, según llaman a los acusados por crímenes de lesa humanidad.

El hecho representa un notorio giro político de la Secretaría (de Derechos Humanos) que ahora está en manos del gobierno de Cambiemos. Durante estos 12 años la sociedad pudo avanzar en hacer justicia y condenar a los perpetradores de delitos de lesa humanidad durante la dictadura, una deuda que el Estado tenía pendiente hacía más de 30 años señala el periódico Página 12, y añade por lo pronto las reuniones de Avruj con defensores de genocidas no es un buen indicio.

Por otra parte, los trabajadores del Centro Ulloa, que brinda asistencia a las víctimas de violaciones a los derechos humanos y que fueron despedidos denunciaron la violencia y arbitrariedad con la que se manejaron las nuevas autoridades. Los despidos en los organismos dependientes del Ministerio de Justicia comenzaron el miércoles con el pase a retiro de personal del Programa Verdad y Justicia, y en el Registro Nacional de Reincidencias.

Manifestamos nuestro pleno rechazo a la violencia y arbitrariedad de esas medidas, que suponen un flagrante desconocimiento del trabajo y la labor cotidiana realizada, denunciaron los trabajadores del Ulloa.

Repudiamos los despidos, el ataque al empleo público y el vaciamiento del Estado. Defendemos nuestros puestos de trabajo y las políticas públicas de derechos humanos, sentenciaron los integrantes del Centro Ulloa y reclamaron la reincorporación inmediata de los despedidos.

Los empleados públicos despedidos, grasa militante, ministro de Hacienda

Otro escándalo sucedido en estas horas es la presentación del ministro de Hacienda y Finanzas, Alfonso Prat Gay, quien llamó grasa militante a los empleados públicos, para justificar los despidos.

Además de la protesta de dirigentes sindicales, de diversos signos, que caracterizaron como una ofensa imperdonable para los trabajadores esta definición, el analista Alfredo Zaiat señala que el empleo, público y privado, no parece ser una cuestión central en la estrategia de gestión de la economía del ministro. Ese desinterés lo dejó expuesto cuando se refirió a empleados estatales como grasa que sobra.

Macri además resolvió en un nuevo decreto suspender el envío de 15 por ciento de la coparticipación a las provincias -salvo las que él eligió que son donde ganó Cambiemos- lo que añade otra injusticia a la serie de medidas que se continúan tomando y agravan a cada momento la situación social. También intenta acabar con el derecho conquistado por los actores y artistas bajo el gobierno de Fernández de Kirchner y los macristas han comenzado una persecución por las redes contra actores militantes.

Es como si estuviéramos en una dictadura siniestra, expresó las reconocida actriz Norma Aleandro, ante esta situación y recordó que los actores son gente de trabajo de toda la vida y los hay que han ganado dinero toda su vida, algunos que han aportado dinero y hay gente que tiene su productora hace muchos años.

Varios analistas comenzaron a marcar las similitudes del gobierno actual con la pasada dictadura militar. Daniela A. Bambill en un largo texto advierte sobre la gravedad del momento que se vive. En poco más de un mes de gobierno de Cambiemos, la torpeza, la brutalidad y la improvisación evidente en temas centrales que determinan el funcionamiento de un país, están augurando el peor gobierno de la historia y concluye que la derecha internacional ha encontrado un títere perfecto para sus objetivos pero ha soslayado un pueblo, en su gran mayoría concientizado políticamente. Las luces de las pantallas comenzarán a opacarse indefectiblemente, solo es cuestión de tiempo.

El conflicto social se expresó se expresó este jueves con marchas de protesta tanto en esta capital como ciudades del interior.