n el marco de las negociaciones sobre el Acuerdo de Comercio Transpacífico (TPP, por sus siglas en inglés), el nuevo tratado de libre comercio con la Unión Europea, las presiones de Estados Unidos y las demandas de los sindicatos globales y los democráticos mexicanos, el gobierno ha tomado una serie de acciones para lavar la imagen de México en lo que se refiere a los derechos laborales y ha propuesto varias iniciativas en este campo de las políticas económica y social.

Los verdaderos y auténticos mineros de México, hemos declarado e insistido desde hace varios años, al igual que algunos especialistas en derecho laboral como el doctor Néstor de Buen y el licenciado Carlos de Buen, el licenciado Arturo Alcalde Justiniani y la Asociación Nacional de Abogados Democráticos, ANAD, entre otras organizaciones nacionales e internacionales, como IndustriALL Global Union, la AFL-CIO y la UNT de México, que es necesario construir un estado de derecho democrático e incluyente a través de reformas constitucionales, que en materia laboral consideren la desaparición de las Juntas de Conciliación y Arbitraje, tanto federal como estatales, y sean reemplazadas por jueces de lo laboral independientes del Poder Ejecutivo.

Asimismo, hemos exigido transparentar los contratos colectivos y los registros sindicales a todos los niveles, estableciendo un organismo autónomo encargado de la inscripción y el reconocimiento de los sindicatos y de los contratos colectivos, obligando a los patrones a proporcionarles a los trabajadores una copia de su contrato y demandando hacer públicos los documentos básicos de las asociaciones sindicales, tales como los estatutos y los padrones de socios.

Igualmente importante, también hemos solicitado que no se puedan depositar los contratos colectivos sin verificar que antes hayan sido ratificados por la mayoría de los trabajadores. Por último, se ha demandado que se agilice el proceso de los recuentos cuando los empleados soliciten cambiar de sindicato, estableciendo fechas límites para los pasos procesales, estipulando que las objeciones del patrón sean resueltas hasta después de haber celebrado el recuento.

Algunas de las respuestas que ha dado el gobierno han sido positivas, como la del 23 de noviembre de 2015, cuando el secretario del Trabajo, Alfonso Navarrete Prida, en conferencia de prensa anunció un nuevo Protocolo de Inspección Laboral para verificar que los obreros conozcan sus contratos, las negociaciones realizadas y, en su caso, señalar las violaciones. Por otra parte, el 30 de noviembre del mismo año el presidente Enrique Peña Nieto envió al Senado de la República la solicitud para ratificar el Convenio 98 de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, que prohíbe textualmente aquellas medidas que tiendan a fomentar la constitución de organizaciones de trabajadores dominadas por un empleador o una organización de empleadores, es decir, los contratos de protección patronal, no laboral.

El 5 de diciembre pasado, durante la XIX Conferencia Interamericana de Ministros de Trabajo celebrada en Cancún, Quintana Roo, el Presidente anunció una nueva reforma laboral en el marco de su iniciativa de justicia cotidiana como una propuesta específica del Centro de Investigación y Docencia Económicas, CIDE, que propondrá una revisión del sistema de justicia laboral, incluida la transformación y modernización de las Juntas de Conciliación y Arbitraje en los ámbitos federal y estatal, ya que en la actualidad existe un amplio consenso en el sentido de que su desempeño no es idóneo, presentan graves problemas de operación, permiten presiones y complicidades con las empresas, así como manipular los recuentos a su antojo o por intereses que están totalmente alejados de la clase trabajadora.

En este tema, el gobierno ha convocado a la creación de mesas de consulta que contemplan la justicia laboral, para conocer comentarios del público, pero desafortunadamente no se incluye a representantes de la clase obrera, lo cual significa que será una consulta en la oscuridad y cuyo nuevo proyecto de reforma laboral habrá de nacer con este déficit.

La realidad, por tanto, contrasta con la aplicación incorrecta de la justicia laboral en lo que parece una estrategia de doble lenguaje, de doble moral y de aparentar cumplir con las presiones y los compromisos internacionales. El 15 de octubre, la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, JFCA, realizó un recuento en la armadora japonesa Honda en El Salto, Jalisco, después de demorar por 4 años la demanda de los trabajadores, permitiendo a la empresa y a la CTM intimidar, amenazar y despedir a los que se han manifestado como independientes. El 10 de diciembre, la misma JFCA postergó una vez más el recuento sindical en la empresa Arneses y Accesorios, filial de la finlandesa PKC en Ciudad Acuña, Coahuila, donde los operarios demandaron desde hace más de 3 años el derecho a realizar su voto libre y secreto para echar a la CTM y a su líder en Coahuila, Tereso Medina.

Cabe mencionar que aunque la misma junta ordenó desde abril del 2015 la reinstalación de cuatro dirigentes sindicales de PKC despedidos injustificadamente y por razones políticas desde el año 2012, la empresa presionó a la propia JFCA para impedir que se cumpliera esta orden.

En este mes también, los trabajadores de la empresa Lexmark y de otras maquiladoras en Ciudad Juárez, Chihuahua, se han levantado contra las condiciones brutales que prevalecen en las plantas. La respuesta del presidente municipal ha sido amenazar a los abogados que acompañan a los trabajadores con demandas penales por extorsión, es decir, por defender los derechos constitucionales de la clase obrera.

Hay muchos casos más de abusos, amenazas y actos incluso criminales de algunos empresarios nacionales y extranjeros, pero las autoridades laboral y política voltean hacia otro lado y pretenden desconocer esas graves e indignantes injusticias.

Se inscriben en la pretensión de que la corrupción, el cinismo, la ignorancia, la indiferencia y la insensibilidad hacia las necesidades sociales superen a un modelo supuestamente obsoleto, y todo sólo para acabar con los sindicatos democráticos y los intentos por ejercer los derechos constitucionales y avanzar en la creación de organizaciones sanas e independientes.

Hace mucho que las autoridades laborales del país en lugar de ser los tutelares de los derechos de los trabajadores, como sucedía en las mejores épocas de la Secretaría del Trabajo, se han convertido en las protectoras de los intereses empresariales y sus defensores a ultranza. Los valores se han invertido para desgracia de México y del futuro de su población.

Las reformas anunciadas son bienvenidas, ojalá que no sean una simulación más. Pero si el gobierno quisiera realmente demostrar su compromiso con los derechos democráticos de los trabajadores, podría empezar resolviendo de inmediato esos conflictos y muchísimos más que existen en el México de hoy. Eso sería un paso real hacia la democracia y la transparencia en una verdadera y correcta aplicación de la justicia laboral, cotidiana y permanente.