Bajo el principio de que el acceso al agua potable y al saneamiento es un derecho humano indispensable para vivir dignamente, además de una condición previa para la realización de otras garantías, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) presentó un micrositio en su página web sobre el tema, a fin de impulsar un debate informado en la materia.

El agua debe tratarse como un bien social y cultural, no sólo como un bien económico, destaca el organismo nacional; pide que en el proceso legislativo para discutir y aprobar la Ley General de Aguas, pendiente en el Congreso, se observen los estándares internacionales de este derecho humano.

Además, recordó que este nuevo instrumento normativo debe cumplir las disposiciones consignadas en el artículo primero constitucional, en particular las relativas a la universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad de las garantías fundamentales.

Bien social y cultural, no sólo económico

Para la CNDH, el derecho humano al agua es indispensable para vivir dignamente y es condición previa para la realización de otros derechos humanos. Por ello, el agua debe tratarse como un bien social y cultural, no sólo como un bien económico, señala en la presentación del micrositio.

Destaca que en el ámbito jurisdiccional de los derechos humanos existen diversos pronunciamientos en la materia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), así como distintas directrices orientadoras emanadas de organismos internacionales, las cuales, insiste, el Estado mexicano no debe pasar inadvertidas al momento de legislar sobre el tema.

En el micrositio se encuentran las disposiciones constitucionales en materia de agua y saneamiento, las iniciativas que sobre el tema se debaten en las cámaras de Diputados y de Senadores, los tratados internacionales relacionados con el derecho humano al agua, así como los instrumentos declarativos y no convencionales, y la jurisprudencia internacional.

Entre estos documentos también se encuentra la cartilla El derecho humano al agua potable y saneamiento, elaborada por la CNDH, en la que señala que el Estado está obligado a garantizarlo, dotando a la población del líquido para su consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible.