n el debate sobre la regulación y el uso de la mariguana en México, que se inicia en los próximos días (según las convocatorias separadas del Poder Legislativo y del Ejecutivo), son varios los aspectos en los que pueden lograrse acuerdos. Uno de ellos es la eliminación de todos los obstáculos para la investigación científica, haciendo a un lado las ambigüedades. En la actualidad vivimos una contradicción indeseable, pues si bien la Ley General de Salud determina que el empleo de la cannabis con fines médicos y de investigación puede realizarse contando con la autorización previa de la Secretaría de Salud (artículo 235 fracción VI), en la práctica esto no ocurre, pues es la propia dependencia federal la que impide que sea una realidad.
En mi opinión son evidentes las razones para incluir a la investigación científica en el debate actual: hay características de la cannabis, algunos de sus mecanismos de acción y efectos que se conocen bien, pero hay muchos otros que se ignoran. Entre los efectos de la planta que se consideran nocivos, hay algunos que están bien establecidos, pero otros son controversiales o están sujetos a debate. Lo mismo ocurre con la multitud de propiedades benéficas que en algunos medios se le atribuyen.
Buena parte de la información disponible en la esfera biológica proviene de modelos animales que, si bien pueden considerarse una buena aproximación en el conocimiento de los mecanismos de acción, efectos y metabolismo de los cannabinoides en los seres vivos, distan mucho de ofrecer resultados concluyentes de lo que ocurre en los humanos. También, cuando se habla de los factores de riesgo y de los efectos sicológicos y sociales del consumo, se debe reconocer que la mayor parte de las investigaciones disponibles se han realizado en otras naciones, y sus resultados no son necesariamente válidos para las condiciones locales, al no considerar las diferencias culturales.
En nuestro país todos parecen estar de acuerdo en que la discusión sobre los cambios posibles en la regulación sobre el empleo de la mariguana debe tener un sólido respaldo científico; sin embargo, la prohibición y lo que ésta irradia a través de las autoridades sanitarias son los principales factores limitantes para avanzar hacia un cabal conocimiento de las propiedades de la cannabis y sus efectos.
Por ejemplo, existen muchas variedades de la planta (Cannabis sativa), con cualidades farmacológicas diferentes en sus principios activos (desde su concentración hasta los efectos en los diferentes sistemas orgánicos en los que actúan), entonces debería estar permitida y regulada la siembra de las diferentes variedades de la planta con fines científicos.
La investigación clínica es un capítulo muy complejo que requiere, luego de las etapas previas (experimentos en modelos animales y tejidos aislados), la administración de las sustancias que se desean probar, en este caso la mariguana, a sujetos humanos. Hay varias fases en este tipo de estudios en las que luego de ensayarse las dosis y seguridad de las drogas, se incrementa el número de personas participantes, las cuales se dividen en grupos, por ejemplo, quienes padecen alguna enfermedad que puede ser tratada con la mariguana (digamos, el dolor crónico), y uno o varios grupos control (integrados por personas sanas), lo que implica una modalidad de distribución y consumo.
Teóricamente todo esto podría hacerse de acuerdo con lo que determina la Ley General de Salud en el artículo citado líneas arriba, pero la contradicción es evidente cuando la dependencia a cargo de su aplicación sorprendentemente descalifica la importancia de la investigación científica, al señalar en su postura para este debate que: “Estudiar el efecto terapéutico de la cannabis fumada o ingerida vía oral, no es posible metodológica y éticamente” (puede verse el documento oficial titulado: El uso médico del cannabis ¿tiene sustento científico?), dando razones absurdas, pues precisamente es a partir de la investigación donde surgen y han surgido los instrumentos y metodologías apropiados para el estudio de cualquier sustancia en humanos; además, las instituciones científicas cuentan con los procedimientos apropiados para cumplir con las normas éticas en la investigación tanto internas como internacionales.
En conclusión uno de los acuerdos en el debate que comienza en los próximos días debe ser estimular y no limitar la investigación científica sobre la cannabis, práctica que podría regularse incluyendo un apartado especial (pues actualmente no existe) en el Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Investigación para la Salud.
