Mejorar la calidad de los servicios de salud en México requiere, entre otras medidas, que las instituciones de seguridad social redefinan claramente los paquetes de beneficios que ofrecen para asegurar que sólo los servicios de alto valor sean financiados.

Además, el sistema nacional de salud en su conjunto debería hacer una revisión de los servicios y medicamentos que cubre, para contar con una lista nacional de tratamientos, afirma la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) en su Estudio sobre los Sistemas de Salud: México 2016.

Advierte también la importancia de abrir los espacios para el aseguramiento privado para los servicios que no estén incluidos en el paquete básico. De esta manera, dice el organismo internacional, se preserva el acceso a servicios que están catalogados como de valor marginal desde la perspectiva social y reconoce que son valorados por algunas personas.

El estudio, que fue presentado la semana pasada por José Ángel Gurría, secretario general de la OCDE, ante los titulares de las principales instituciones de salud del país, tiene la finalidad de hacer un diagnóstico sobre la situación del sistema sanitario mexicano y exponer las experiencias de otros países que pudieran ser ejemplo para México.

Menciona el caso de los Países Bajos y Nueva Zelanda, donde las personas tienen un seguro privado para servicios dentales, fisioterapia, anteojos, lentes de contacto y medicina alternativa. En México, la mayoría de estos no son cubiertos por el sistema de salud.

De igual forma, la OCDE resalta el caso de Italia, donde los seguros privados cubren costos compartidos para pruebas de diagnóstico, consultas con un especialista, productos farmacéuticos y cuidados de largo plazo.

Para el caso de México plantea que la selección de servicios a excluir del financiamiento público tendría que tomar en cuenta que sean los políticamente más viables y económicamente más sutiles. Serían, dice el documento, tratamientos de bajo valor, pero también las autoridades deberán estar atentas a los riesgos de los seguros privados, que podrían tener un impacto negativo en la equidad y el gasto de bolsillo.

Sobre otra arista del financiamiento del sistema sanitario, advierte que debe eliminarse la limitación que impone la Secretaría de Hacienda al crecimiento en el gasto público, pero también que el país debería mejorar la eficiencia en la recolección y distribución de los ingresos.

También recomienda aumentar la financiación por impuestos generales. Este tipo de financiamiento era el punto central del proyecto que tenía la Secretaría de Salud en los primeros años del sexenio, el cual fue rechazado por la Secretaría de Hacienda, sobre todo luego del compromiso del gobierno de la República de no aplicar aumento a los impuestos en lo que resta de la administración.

El estudio de la OCDE comenta que es importante mantener la estabilidad y certeza de los ingresos al sistema sanitario para mantener la calidad de los servicios, lo que en el caso de la seguridad social no es del todo seguro por las fluctuaciones en los niveles de empleo.

Además, en México existe el problema del elevado nivel del empleo informal (60 por ciento), en el cual, aunque ha ido disminuyendo, aún persisten retos como la falta de oportunidades laborales para los jóvenes. El diagnóstico resalta que 22 por ciento de este sector de la población no tiene un empleo formal, lo que contrasta con el 15 por ciento en los países de la OCDE.

Por ello son mejores los impuestos generales, afirma, y agrega que de esta manera también sería políticamente más viable asignar los recursos de acuerdo con la necesidad.